La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales ha desatado un fuerte malestar en varias capitales comunitarias y ha reabierto el debate sobre la política migratoria de la Unión Europea, según publica el diario El Español.
Fuentes diplomáticas europeas advierten de que la medida española rompe con la línea común que se intenta consolidar en Bruselas y podría tener consecuencias directas en el espacio Schengen, donde no existen controles fronterizos internos. La preocupación principal es que una regularización masiva en un solo Estado miembro termine generando flujos secundarios hacia el resto de países de la UE.
«La legalización a gran escala en España podría provocar un efecto llamada hacia Europa y, posteriormente, migración secundaria dentro del continente europeo», ha afirmado el portavoz del Ministerio del Interior de Austria, Markus Haindl. «Por ello, este planteamiento es claramente rechazado por muchos Estados miembros de la UE, así como por Austria», ha subrayado.
Mientras tanto, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, se mantiene oficialmente al margen. «Somos conocedores de los debates que se están produciendo en España», explica un portavoz comunitario, que recuerda que las políticas de inmigración son competencia exclusiva de los Estados miembros.
Sin embargo, el comisario europeo Magnus Brunner, ya advirtió en una respuesta parlamentaria de que estas decisiones deben evaluarse «para no poner en riesgo la integridad del espacio común de la UE sin controles en las fronteras interiores» y analizar sus posibles implicaciones en materia de seguridad. En su escrito, Brunner insiste en que la UE prioriza la reducción de la inmigración ilegal, el refuerzo de la cooperación con terceros países y la lucha contra las mafias.
Para varios socios europeos, la regularización de Sánchez vuelve a situar a España en el foco de un debate que amenaza con tensionar la política migratoria común y la cohesión de la Unión Europea.
