El Reino Unido está a punto de protagonizar la mayor reforma penal en más de 30 años y no precisamente para endurecer las penas. En un nuevo giro hacia la justicia blanda, el Gobierno de Keir Starmer estudia permitir la excarcelación de presos tras cumplir apenas un tercio de su condena, siempre que demuestren «buena conducta», trabajen o asistan a cursos durante su estancia en prisión.
La propuesta, que será recomendada la próxima semana por la revisión independiente de sentencias liderada por el exministro tory de Justicia David Gauke, pretende resolver la saturación carcelaria a costa de reducir las condenas a los delincuentes. En la actualidad, la mayoría de los presos tiene garantizada la liberación tras cumplir entre el 40% y el 66% de su pena. Con este nuevo sistema, los reclusos pasarían sólo un tercio en prisión, otro tercio bajo control intensivo con pulseras electrónicas y sin pasaporte, y el último tercio en libertad vigilada.
Los beneficiarios serían, en principio, autores de delitos como robos, fraudes, hurtos o agresiones, aunque se estudia excluir a violadores, terroristas y maltratadores con condenas determinadas. El plan, inspirado en un modelo implantado en Texas en 2011, pretende «incentivar la rehabilitación».
El colapso del sistema penitenciario británico es evidente. Con las prisiones masculinas al 99% de su capacidad operativa y menos de 1.000 plazas disponibles, los informes internos del Ministerio de Justicia prevén que en 2026 no quedará sitio para nuevos reclusos. Como «solución», el Partido Laborista ya adelantó en septiembre de 2024 un programa de excarcelación anticipada al 40% de la condena. Ahora, va aún más lejos.
El modelo «un tercio, un tercio, un tercio» será vendido por el Ejecutivo como una medida pragmática ante la «herencia» de los tories. La realidad es que abre la puerta a que ladrones y agresores campen a sus anchas tras pasar unos pocos meses entre rejas y asistir a cursos de jardinería, informática o gestión emocional.
La revisión también incluirá la expansión de las llamadas «penas comunitarias», que permitirán a los jueces dictar arrestos domiciliarios con control por GPS, en lugar de enviar a los delincuentes a prisión. Incluso se plantea una «presunción contra las condenas de menos de seis meses», dando prioridad al tratamiento de adicciones o problemas mentales en libertad, en lugar de reclusión.
La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, viajó recientemente a Texas junto a David Gauke para estudiar el modelo estadounidense. La paradoja es que, mientras en EE.UU. este sistema fue parte de una estrategia de endurecimiento penal y disciplina laboral, el Reino Unido lo adapta para justificar la laxitud con delincuentes reincidentes.
El Gobierno de Keir Starmer alega que «heredó un sistema judicial en crisis«. Pero en lugar de reforzar los medios, construir nuevas prisiones o endurecer penas, opta por soltar a los presos antes de tiempo y disfrazarlo de «reforma».
