El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto forzado a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para imponer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE después de que varias delegaciones insistieran en que es «prematuro» pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten «serias dudas» sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.
Algunas fuentes aclaran que la decisión de aparcar el asunto se ha producido tras escuchar a «bastantes» Estados miembros pedir «más claridad» y después de que los servicios legales avisaran de que tenían dudas de que tal modificación del reglamento de lenguas pudiera llevarse a cabo sin una reforma de los Tratados.
El Ejecutivo socialista en las últimas semanas intensificó sus contactos para defender la oficialidad de las tres lenguas cooficiales a partir de enero de 2027. Varias delegaciones han tomado la palabra en una discusión que apenas ha durado 45 minutos para pedir al Ejecutivo que diera marcha atrás en la votación porque hay dudas legales, económicas y prácticas «sin resolver».
De hecho, ya en las declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Bruselas varios ministros ya apuntaron sus dudas sobre la idoneidad de votar de forma prematura este asunto.
Países como Austria y Hungría han expuesto sus innumerables dudas en el ámbito jurídico. La negativa del Gobierno de Viktor Orbán, socio y aliado de VOX, ha sido clave para forzar que no se vote. Asimismo, República Checa, Países Bajos e Italia han mostrado su rechazo. El ministro de Asuntos Europeos de Finlandia, Joakim Strand, confió en no tener que votar y pidió tomar «muy en serio» un tema que aún no está «maduro».
En Madrid, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confirmado que han aceptado «la petición de varios países de seguir dialogando» y ha declarado que el «interés» del Gobierno es que «se reconozca y se respete esa identidad plurilingüe» de España.
