Suiza votará el próximo 14 de junio una iniciativa para impedir que la población residente permanente del país supere los 10 millones de habitantes antes de 2050, en un referéndum que ha dejado al electorado prácticamente dividido en dos. La propuesta, impulsada por el Partido Popular Suizo (SVP/UDC), plantea una de las batallas políticas más importantes de los últimos años en torno a inmigración, soberanía y presión sobre los servicios públicos.
Una encuesta elaborada por GfS Bern para la radiotelevisión pública SRG sitúa el apoyo a la iniciativa en el 47%, exactamente el mismo porcentaje que registra el rechazo. El sondeo, realizado entre el 20 de abril y el 3 de mayo a 19.728 personas, refleja un empate técnico con un margen de error de 2,8 puntos.
La iniciativa, conocida como «No a una Suiza de 10 millones», busca obligar al Gobierno federal a adoptar medidas para contener el crecimiento demográfico. Su punto más conflictivo es que, si fuera necesario para cumplir el límite, Berna debería poner fin al acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea, uno de los pilares de la relación bilateral entre Suiza y Bruselas.
El SVP sostiene que el rápido crecimiento de la población ha incrementado la presión sobre la vivienda, el transporte, las escuelas, la sanidad y otras infraestructuras públicas. Suiza supera ya los 9 millones de habitantes, y los extranjeros representaban en 2024 más del 27% de la población, un dato que ha intensificado el debate sobre el modelo migratorio del país.
El Gobierno federal se opone a la propuesta y advierte de que su aprobación dañaría la economía y la cooperación con la Unión Europea, principal socio comercial del país. También las organizaciones empresariales han alertado de posibles problemas de mano de obra, especialmente en sectores dependientes de trabajadores extranjeros.
El debate, sin embargo, vuelve a mostrar la distancia entre las élites económicas y una parte creciente de la población, preocupada por las consecuencias materiales de la inmigración masiva. Para los partidarios de la iniciativa, el problema no es sólo laboral, sino civilizatorio y de soberanía: quién decide el tamaño, el ritmo y las condiciones de transformación de una comunidad política.
La votación llega además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Suiza y la Unión Europea. El Parlamento suizo debate un nuevo paquete de acuerdos con Bruselas para profundizar la cooperación económica, mientras el SVP denuncia que ese acercamiento amenaza la independencia del país y reduce su capacidad de decidir sobre sus fronteras.
El resultado del 14 de junio será observado con atención en toda Europa. Si la iniciativa prospera, Suiza enviará una señal política de enorme alcance: incluso uno de los países más prósperos del continente empieza a plantear que la apertura migratoria tiene límites.
