La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en febrero por los reiterados incumplimientos en la actualización de los planes hidrológicos y de la gestión del riesgo de inundaciones.
Estas obligaciones fueron ignoradas por el Ministerio de Ribera, que ahora ha sido designada —gracias al acuerdo entre populares, socialistas, liberales y verdes— comisaria europea.
España estaba obligada a actualizar sus planes hidrológicos y de inundaciones conforme a distintas directivas europeas. Ambos instrumentos exigen revisiones periódicas cada seis años que son necesarias «para garantizar la planificación hídrica y la seguridad frente a fenómenos extremos». Sin embargo, los planes hidrológicos ni los de inundaciones fueron presentados en el plazo estipulado.
La Comisión Europea ya había advertido en febrero de 2023 a España mediante una carta de emplazamiento, y meses después emitió un dictamen en el que urgía al Gobierno a corregir estas irregularidades. A pesar de las advertencias, Ribera no actuó y dejó sin cobertura regulatoria a zonas especialmente vulnerables como Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
La falta de actualización de los planes hidrológicos «compromete la capacidad para gestionar fenómenos meteorológicos extremos», una carencia que afecta directamente a la seguridad de los ciudadanos.
El portavoz nacional de VOX, José Antonio Fúster, cuyo grupo (Patriotas) rechazó este jueves de forma unánime a la nueva Comisión, señaló esta semana que «el legado» que dejaba Teresa Ribera al marcharse a la Comisión Europea son «cientos de muertos» a causa de las lluvias torrenciales en Valencia, una «gestión criminal» y su «fanatismo climático».
