Un inmigrante de origen kosovar de 47 años, que trabajaba como asistente de cuidados a domicilio en la ciudad de Ronneby (Suecia), ha sido acusado de violar a una mujer a la que atendía en su propio hogar. Según la acusación formal presentada esta semana, el hombre habría introducido sus dedos en la vagina de la víctima sin su consentimiento durante un episodio ocurrido en octubre de 2023.
La denuncia fue interpuesta inmediatamente después de los hechos, pero el proceso judicial ha avanzado con notable lentitud. A día de hoy, más de dos años después, el acusado continúa en libertad, pese a que los delitos de agresión sexual en Suecia suelen implicar prisión preventiva por su gravedad. La fiscal encargada del caso, Malin Rydell Almroth, explicó al medio Samnytt que el sospechoso no ha sido detenido y que la investigación se ha prolongado durante un tiempo considerable.
Según Almroth, la decisión de mantener al hombre en libertad se basó en que no existía un riesgo alto de manipulación de pruebas o presión sobre la víctima. «La prisión preventiva se aplica cuando hay peligro de colusión —por ejemplo, si el sospechoso puede influir en testigos o destruir evidencias—, pero en este caso no se consideró necesario», aclaró. Añadió además que, cuando el acusado y la víctima no mantienen una relación personal cercana, el peligro de interferencia suele considerarse menor.
El hombre, originario de Prizren (Kosovo) y nacionalizado sueco, necesita un intérprete en albanés para participar en el proceso judicial. Los documentos del tribunal revelan que acumula un amplio historial delictivo con once condenas previas, entre ellas por agresión y conducción sin licencia. A pesar de este expediente penal, las autoridades le permitieron trabajar en el sector del cuidado domiciliario, donde prestaba asistencia a personas dependientes.
Su última condena, dictada a comienzos de 2025 por varios delitos de agresión, se encuentra actualmente en apelación. Una sentencia anterior, de hace aproximadamente una década, también lo declaró culpable de violencia física. Ninguno de estos antecedentes le impidió ser contratado en el ámbito de los servicios sociales, lo que ha reavivado el debate en Suecia sobre los controles de antecedentes para quienes trabajan con personas vulnerables.
Almroth confirmó que el hecho ha sido tipificado como violación «de grado normal», categoría que en Suecia incluye tanto la penetración sexual como la penetración con los dedos. La legislación sueca es más amplia en este aspecto que la de otros países europeos, aunque la pena asociada puede ser inferior cuando no existen circunstancias agravantes.
El caso se enmarca en una serie de incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio al sector de los cuidados gestionado por inmigrantes. Hace sólo unas semanas, otro trabajador, un joven iraquí de 20 años llamado Azhi Mahmodi, fue acusado de grabar y ridiculizar a ancianos con demencia en una residencia municipal de Ängelholm. Los videos, que compartió en Snapchat, fueron descubiertos por la policía durante una investigación por drogas en Helsingborg. Mahmodi reconoció los hechos y expresó su arrepentimiento: «Lo que hice fue una verdadera vergüenza. No hay excusa posible», declaró ante los agentes.
