Un informe del Observatorio de Inmigración y Demografía ha revelado el impacto negativo que tiene la inmigración sobre el crecimiento, la competitividad y el presupuesto francés, contradiciendo las recientes conclusiones del think tank progresista Terra Nova. El estudio estima que la presión migratoria representa una pérdida anual del 3,4 % del PIB, lo que plantea serias dudas sobre uno de los mantras más repetidos en los últimos años: que la inmigración es motor de desarrollo.
La investigación desmonta la visión idealizada que defiende que la llegada de inmigrantes dinamiza el empleo, alivia la presión demográfica y sostiene el sistema de bienestar. Lejos de ello, los datos apuntan a que la estructura migratoria actual está lejos de cubrir las necesidades estratégicas del país y contribuye a desequilibrios económicos persistentes, como la baja productividad y un aumento del gasto público que no se ve compensado por los ingresos fiscales generados.
Uno de los puntos centrales del informe es la brecha en la tasa de empleo entre población autóctona e inmigrante. Mientras el 69,5 % de los franceses nativos tiene empleo, sólo el 62,4 % de los inmigrantes accede al mercado laboral. Esta diferencia, una de las mayores dentro de la OCDE, se agrava por la escasa cualificación de una parte importante de los recién llegados: casi un tercio de los inmigrantes entre 30 y 40 años no posee ningún título académico o profesional.
Además, el estudio señala una fuerte concentración de la población inmigrante en sectores con bajo valor añadido como la restauración, la construcción o la seguridad privada. Estos ámbitos, aunque esenciales, no impulsan el crecimiento como lo hacen industrias punteras como la tecnológica, la aeroespacial o la investigación científica, donde paradójicamente se detecta escasez de mano de obra cualificada.
Otro de los hallazgos más controvertidos del informe es el desequilibrio entre lo que el Estado recauda de los inmigrantes en impuestos y cotizaciones y lo que gasta en servicios públicos destinados a ellos. De acuerdo con el estudio, sólo el 86% del coste que representan se ve compensado por sus aportaciones al sistema. Entre los gastos más relevantes se encuentran la educación, la sanidad, la vivienda social y la asistencia.
En este contexto, la política migratoria francesa aparece como un terreno mal gestionado, que no responde con eficacia ni a las demandas del tejido productivo ni al equilibrio presupuestario. A pesar de que sectores como el sanitario o el de la hostelería recurren frecuentemente a la mano de obra extranjera para cubrir vacantes, los autores del estudio cuestionan si esta dependencia no es, en realidad, un parche que disimula problemas estructurales más profundos, como la falta de formación interna o la escasa atracción de profesiones clave.
El informe también subraya la limitada capacidad de control de los flujos migratorios por parte del Estado francés. Según sus datos, sólo una parte de las entradas puede regularse mediante políticas nacionales, como ocurre con la inmigración laboral o estudiantil. En cambio, la inmigración familiar o la relacionada con el asilo responde a marcos jurídicos internacionales que restringen el margen de maniobra.
Frente a esta realidad, el Observatorio propone reorientar la estrategia migratoria hacia un modelo selectivo, basado en las necesidades de sectores estratégicos, en la capacitación profesional y en el refuerzo de los mecanismos de integración. Apuestan por una política que, sin vulnerar compromisos internacionales, se centre en atraer talento y reducir la dependencia de empleos precarios con bajo retorno económico.
