El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desembolsado un total de 5.568.878 euros entre 2023 y junio de 2025 a la ONG Red Acoge para la acogida de inmigrantes ilegales en Córdoba y su provincia, según documentación exclusiva obtenida por LA GACETA. Estos fondos, canalizados a través de la filial Córdoba Acoge, han financiado tres centros de acogida y cinco pisos en Córdoba capital y Lucena, con una capacidad que ha oscilado entre 90 y 100 plazas diarias para inmigrantes llegados principalmente desde Canarias.
A esta cantidad se suma una aportación del Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por el Partido Popular, que en 2023 concedió 84.031,72 euros a Córdoba Acoge para proyectos de integración de inmigrantes, aunque no se han hecho públicas las asignaciones para 2024 y 2025, que podrían oscilar entre cantidades similares. Un flujo millonario de dinero público que, lejos de resolver los problemas asociados a la inmigración ilegal, incentiva el efecto llamada hacia España, con un proceso de derivaciones opaco que traslada a muchos de estos inmigrantes desde Canarias al aeropuerto de Madrid-Barajas y, finalmente, a ciudades como Córdoba.
En 2023, el Ministerio destinó 2.111.090 euros para financiar tres centros de acogida –uno en Córdoba capital con 34 plazas, otro con 25 plazas y un tercero en Lucena con 16 plazas– y cinco pisos –uno en Córdoba capital con 6 plazas y cuatro en Lucena con 5, 5, 8 y 4 plazas, respectivamente–. Los costes fueron de 58 euros por persona y día en la mayoría de los casos, y de 64 euros en dos pisos, operando los 365 días del año. En 2024, la dotación fue de 2.110.896 euros, cubriendo tres centros –con 34, 24 y 10 plazas– y cinco pisos –con 6, 4, 4, 6 y 6 plazas–, durante 366 días, con los mismos precios por plaza. Para 2025, hasta el 30 de junio, se han asignado 1.346.892 euros para tres centros –con 36, 24 y 10 plazas– y cinco pisos –con 6, 4, 4, 6 y 6 plazas–, manteniendo los costes durante 181 días. Estas cifras, sumadas a los 84.031,72 euros aportados por el Ayuntamiento en 2023, evidencian un esfuerzo económico considerable, pero la falta de claridad sobre el destino final de los fondos y los beneficiarios genera serias dudas sobre su eficacia.
La mayoría de los inmigrantes acogidos en estos recursos son derivados desde Canarias, donde la presión migratoria sigue aumentando de forma exponencial con 46.843 llegadas ilegales consolidadas en 2024, según datos del Ministerio del Interior, lo que supuso un incremento del 17,4% en comparación con datos de 2023. Desde las islas, muchos son trasladados a Madrid-Barajas y reubicados en ciudades como Córdoba en un proceso coordinado por Red Acoge, pero sin información pública detallada. Esta opacidad, sumada a la percepción de que España ofrece recursos ilimitados a quienes ingresan ilegalmente, refuerza el efecto llamada.
La llegada masiva de inmigrantes ilegales ha coincidido con un aumento de la inseguridad en Córdoba, según diligencias de la Policía Nacional y medios locales, consultadas por este medio. Uno de los sucesos más impactantes en estos últimos años tuvo lugar en agosto de 2024, cuando un joven de 30 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado en el cuello con un objeto punzante a las puertas de una discoteca en Lucena (Córdoba) por dos inmigrantes ilegales.
La gestión de Red Acoge, respaldada por millones de euros del Ministerio y aportaciones del Ayuntamiento, está bajo escrutinio por su falta de transparencia y resultados cuestionables. La opacidad en las derivaciones desde Canarias y la ausencia de datos claros sobre el destino final de los inmigrantes ilegales alimentan la percepción de un sistema descontrolado. Mientras el Gobierno central defiende estas medidas como humanitarias, los cordobeses enfrentan las consecuencias de unas políticas que no solo fracasan en integrar a los inmigrantes ilegales, sino que contribuyen a la inseguridad.
