Un expolicía británico ha desvelado las razones por las que las fuerzas de seguridad del Reino Unido decidieron ocultar el escándalo de las violaciones grupales cometidas a niñas durante más de 25 años por redes de hombres, predominantemente de origen musulmán paquistaní. Según el exdetective, la combinación de cobardía institucional y miedo al conflicto racial llevó a las autoridades a ignorar los abusos sistemáticos contra decenas de miles de niñas blancas en ciudades como Glasgow, Londres y Yeovil.
El antiguo oficial, con 25 años de experiencia —incluyendo cinco en el comando anticorrupción de la Policía Metropolitana— describió cómo «las decisiones policiales a menudo se tomaban bajo presiones política, más enfocadas en evitar conflictos sociales que en buscar justicia». En muchos casos, las fuerzas del orden optaron por «hacer la vista gorda» para no ser acusadas de racismo, una preocupación que, según él, ha condicionado la actuación policial en el Reino Unido desde los informes Scarman y Macpherson.
El expolicía explicó que la policía británica ha estado atrapada en lo que describió como un «tsunami político» de corrección racial. Desde los años noventa, las reformas diseñadas para combatir el racismo institucional, aunque necesarias, dieron lugar a una obsesión con la proporcionalidad y la diversidad, que influyó negativamente en la capacidad de las fuerzas del orden para actuar con eficacia. «Los oficiales eran reacios a intervenir en casos sensibles por temor a desencadenar disturbios o conflictos comunitarios», señaló.
Este enfoque, combinado con numerosos recortes en los recursos y el personal, dejó a las autoridades locales y a los servicios de policía con poca capacidad para lidiar con las redes organizadas de abusadores. En ciudades como Rotherham y South Yorkshire, las preocupaciones sobre el orden público prevalecieron sobre la protección de las víctimas. «Se priorizó mantener la paz a cualquier precio, incluso si eso significaba permitir que operaran estas bandas», explicó.
Además, el expolicía criticó el papel de los altos mandos, a quienes describió como «más preocupados por cumplir con las agendas políticas que por buscar justicia para las víctimas». La falta de supervisión efectiva y la burocracia excesiva, alimentadas por leyes posteriores al gobierno de Tony Blair, contribuyeron a la inacción. Según él, los agentes a menudo se vieron atrapados entre cumplir con tareas irrelevantes, como registrar incidentes de odio sin delito, y las crecientes demandas de justicia social.
En el corazón de este problema se encuentra, según el denunciante, un sistema policial dividido en dos niveles, donde los casos de abuso se gestionaron como un problema menor confinado a sectores marginados de la población. Esto permitió que las bandas organizadas de violadores operaran a plena vista, mientras las autoridades priorizaban «gestionar la imagen» de las comunidades afectadas.
El expolicía también instó a una reforma urgente de la estructura policial del Reino Unido. Propuso la eliminación de fuerzas redundantes para estandarizar las prácticas operativas, reemplazar el modelo de comisionados policiales por juntas independientes y simplificar las leyes que dificultan la eficiencia de los cuerpos de seguridad. «Necesitamos valentía moral para abordar este problema de frente y proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad», declaró.
Por último, expresó su esperanza en que una nueva generación de agentes recupere la esencia de su misión: «vigilar sin miedo ni favoritismos». Según él, las fuerzas policiales deben recordar su compromiso de proteger a los ciudadanos, incluso frente a presiones externas, porque «nadie debería vivir en una sociedad que permite la explotación de niños mientras las autoridades miran hacia otro lado».
