La política de reagrupación familiar de inmigrantes en el Reino Unido tiene un precio millonario para el contribuyente. Un informe oficial del Comité Asesor de Migración (MAC, por sus siglas en inglés) cifra en 5.600 millones de libras (unos 6.550 millones de euros) el coste que supondrá a lo largo de su vida la llegada de decenas de miles de parejas extranjeras autorizadas a instalarse en el país cada año, una carga que el propio Gobierno reconoce ya como estructural para las finanzas públicas.
El estudio calcula que cada uno de los más de 40.000 cónyuges extranjeros que obtienen cada año un visado de pareja para residir en el país tendrá un coste medio para el Estado de 109.000 libras (aproximadamente 127.500 euros) a lo largo de su vida.
El MAC reconoce que el impacto fiscal resulta positivo durante los primeros veinte años, ya que una parte significativa de estos inmigrantes accede al mercado laboral. Sin embargo, ese aporte inicial no compensa los costes sanitarios y asistenciales que el Estado deberá asumir en edades avanzadas.
El informe advierte de que la concesión del permiso de residencia indefinido (ILR) tras cinco años de estancia provoca un aumento significativo del gasto público, al permitir el acceso a prestaciones sociales. Según las estimaciones oficiales, sólo en los tres años posteriores a la obtención del ILR, este colectivo reclamará 109 millones de libras en ayudas públicas (unos 128 millones de euros), a razón de 2.400 libras por persona (2.800 euros).
Estos costes se suman al impacto fiscal ya conocido de la inmigración por vía de asilo. Cada solicitante de asilo aceptado supone un gasto estimado de 300.000 libras a lo largo de su vida (unos 351.000 euros). En contraste, un residente británico de la misma franja de edad aporta 110.000 libras netas a la economía (129.000 euros).
El informe respalda los planes de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, para limitar el derecho de los inmigrantes a traer a sus familias. Entre las medidas anunciadas figura la supresión del derecho automático de los refugiados a la reagrupación familiar. Sólo podrán ejercerlo quienes trabajen y perciban salarios mínimos de 29.000 libras anuales (34.000 euros).
Además, el periodo necesario para solicitar el ILR se ampliará de cinco a diez años, y hasta veinte años en el caso de inmigrantes que hayan entrado en el Reino Unido de forma ilegal. El acceso al permiso indefinido quedará condicionado al empleo activo, la no percepción de ayudas públicas y la ausencia total de antecedentes penales.
El MAC subraya el contraste entre el coste neto de la inmigración familiar y el beneficio fiscal de otros perfiles. Los trabajadores cualificados aportan un beneficio neto de 47.700 millones de libras (55.800 millones de euros) a lo largo de su vida, con una media de 689.000 libras por persona (807.000 euros). Los trabajadores extranjeros del sector sanitario y asistencial generan un beneficio de 5.500 millones de libras (6.400 millones de euros).
Los datos oficiales muestran que los visados concedidos a parejas inmigrantes pasaron de 47.500 en 2018 a 67.100 el año pasado, impulsados por el aumento de solicitantes de asilo y por el adelanto de solicitudes antes del endurecimiento de los requisitos salariales.
El comité constata que estos inmigrantes presentan menores tasas de empleo y salarios más bajos. La renta media anual se sitúa en 21.000 libras (24.600 euros), frente a las 28.000 libras (32.800 euros) del salario mediano británico.
Tras cinco años, el informe señala que la contribución fiscal neta comienza a deteriorarse, un proceso vinculado directamente al acceso a prestaciones sociales tras la obtención del ILR. Con el envejecimiento del colectivo, descienden los ingresos laborales y aumentan los gastos en sanidad, cuidados sociales y pensiones públicas.
El análisis también evalúa otras vías de entrada al país. Los inmigrantes acogidos a visados de talento global, emprendimiento o innovación presentan un impacto fiscal positivo. En cambio, el comité se muestra menos concluyente sobre los refugiados ucranianos y los beneficiarios del programa de Hong Kong, y anticipa un coste fiscal negativo significativo en las rutas humanitarias.
Sólo el 56% de los antiguos solicitantes de asilo en edad laboral se encuentra empleado, frente al 75% de la población nacida en el Reino Unido. Cuando trabajan, los salarios medianos también resultan inferiores.
El MAC recuerda, además, que muchos inmigrantes por la vía del asilo generan costes adicionales derivados del alojamiento prolongado en centros financiados con fondos públicos.
