El Gobierno insiste en que la inmigración sostiene el sistema de pensiones español. Sin embargo, el Informe XXIX de la Fundación Disenso sobre el impacto económico de la inmigración en el Estado de Bienestar desmonta esa afirmación: la inmigración actual no sólo no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, sino que genera un saldo fiscal negativo millonario y aumenta la presión sobre los servicios públicos.
El informe, que ha sido presentado este jueves por el jefe de Estudios y Formación de Disenso, Ricardo Ruiz de la Serna, y por el diputado de VOX José María Figaredo, concluye que la contribución neta de la inmigración es negativa en casi todos los perfiles simulados. Para ello expone varios ejemplos. «Un inmigrante que llega a España con 18 años y trabaja hasta la jubilación con el salario medio de origen africano (20.060€ anuales) deja un déficit de -158.000€. En segunda generación, la pérdida asciende a -422.000€. Una familia inmigrante con dos hijos llega a costar al Estado -1,5 millones de euros», incide Disenso en el informe.
A ello se suma el impacto en el mercado laboral: nueve de cada 10 nuevos empleos creados tras la pandemia han sido ocupados por inmigrantes, en su mayoría en sectores precarios. Además, más de la mitad de los extranjeros extracomunitarios (53%) está en riesgo de pobreza frente al 16% de los españoles, lo que multiplica la dependencia de subsidios, vivienda social, sanidad y educación públicas.
Para alcanzar estas conclusiones, Disenso ha utilizado fuentes públicas y oficiales, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Encuesta de Población Activa (EPA), Eurostat, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social.
El estudio aplica una metodología de ciclo vital: se calcula cuánto aporta un inmigrante medio en impuestos y cotizaciones a lo largo de toda su vida laboral y cuánto recibe en pensiones, sanidad, educación y ayudas sociales. La diferencia entre ambas magnitudes determina el saldo fiscal neto.
Según el informe, «la contribución neta total es casi siempre muy negativa», porque la mayoría de los inmigrantes en España se concentran en empleos de baja remuneración y alta dependencia de servicios públicos. Sólo los inmigrantes altamente cualificados, con salarios superiores a 45.000€ anuales durante toda su vida laboral, alcanzan una aportación positiva, y representan una minoría dentro de los flujos migratorios actuales.
Un patrón que se repite en Europa
La evidencia internacional confirma estos resultados. En Dinamarca, el Ministerio de Finanzas concluyó que la inmigración no occidental genera un déficit medio de 4.400€ al año por persona, incluso en la segunda generación. Y en Países Bajos, el organismo de análisis económico CPB advirtió de que los inmigrantes poco cualificados suponen una pérdida fiscal de por vida. España reproduce ese mismo patrón, pero con mayor intensidad por el perfil de su inmigración.
El relato del Gobierno queda desmentido por los datos. La inmigración en España no sostiene las pensiones ni el Estado de Bienestar: los debilita con déficits estructurales, presión sobre los salarios y sobrecarga en los servicios públicos. Como resume el informe de Disenso, «la inmigración, tal y como está configurada hoy en España, no contribuye a aliviar el problema fiscal derivado del envejecimiento poblacional. Al contrario, lo agrava».
