Un nuevo informe elaborado por la baronesa Casey ha revelado que la Policía británica evitó perseguir a bandas de prostitución infantil por miedo a ser considerada racista, y que tanto los gobiernos como las autoridades públicas ocultaron sistemáticamente la etnicidad de los autores, en su mayoría hombres de origen paquistaní.
Según el documento, los responsables políticos, la Policía y otras instituciones actuaron durante años bajo una cultura de censura y encubrimiento, evitando señalar a los agresores por temor a aumentar las tensiones comunitarias o afectar a la “cohesión social”.
Casey denuncia el uso de datos erróneos e incompletos para desacreditar como “sensacionalistas” o “falsas” las advertencias sobre la participación de hombres asiáticos en la explotación sexual en grupo. Mientras tanto, se reforzaba la idea de que el problema era mayoritariamente cometido por varones blancos, algo que el informe subraya que “no se puede probar” con los datos disponibles.
Datos ocultos y zonas grises
La baronesa Casey ha sido la encargada de analizar la magnitud de las llamadas “bandas de captación de menores”, oficialmente definidas como explotación sexual infantil en grupo. Y lo que ha encontrado es un panorama fragmentado y confuso, con definiciones inconsistentes y escasa cooperación entre policía, servicios sociales, sanidad y justicia penal.
Se estima que alrededor de 500.000 menores podrían estar en riesgo de sufrir abuso sexual infantil cada año, mientras que la policía británica registró 100.000 delitos de este tipo en 2024, de los cuales sólo 17.100 fueron catalogados como explotación sexual infantil. Los datos relativos a agresiones en grupo eran aún más escasos: apenas 700 en una base de datos policial reciente. La baronesa Casey considera “muy improbable” que esa cifra refleje la realidad.
El informe concluye que la etnicidad de los agresores sigue sin registrarse en dos tercios de los casos. No obstante, los datos disponibles en tres cuerpos policiales y en varios procesos judiciales de alto perfil sí muestran una presencia desproporcionada de hombres de origen paquistaní entre los sospechosos de explotación sexual en grupo.
Ante estas conclusiones, la ministra del Interior, Yvette Cooper, ha aceptado la recomendación de Casey de recoger obligatoriamente la etnicidad y nacionalidad de todos los sospechosos en este tipo de delitos.
Niñas criminalizadas, abusadores protegidos
El informe también denuncia que muchas adolescentes víctimas de abuso fueron tratadas como adultas responsables, al haberse visto forzadas a “madurar” por su experiencia traumática bajo tutela estatal. En consecuencia, muchas fueron criminalizadas por actos cometidos bajo coacción sexual, en lugar de ser reconocidas como víctimas.
El Gobierno ha aceptado revisar y anular condenas penales de menores en los casos en los que se demuestre que fueron abusadas y no protegidas.
Otro hallazgo alarmante es la “zona gris” legal que permitió rebajar o desestimar acusaciones de violación contra menores de 13 a 15 años. Algunos fiscales alegaron que las niñas estaban “enamoradas” o habían “consentido”, lo que, según el informe, fue aprovechado por adultos mucho mayores para eludir condenas.
El cambio legislativo propuesto por Casey y aceptado por el Ejecutivo obligará a imputar automáticamente por violación a todo adulto que mantenga relaciones sexuales con menores entre 13 y 15 años, como ya ocurre en países como Francia.
