Un ciudadano afgano se ha declarado culpable de la violación de una niña de 12 años en Nuneaton, un caso que ha desatado un intenso debate político y fuertes protestas en la zona. El acusado, Ahmad Mulakhil, de 23 años y sin domicilio estable, reconoció ante el Tribunal de la Corona de Warwick un delito de violación de una menor de 12 años, pese a que inicialmente lo negó.
La vista judicial reunió también a un segundo implicado, Mohammad Kabir, de la misma edad y también sin residencia fija. Kabir rechazó todas las acusaciones que pesan sobre él: intento de secuestro de una menor, participación en una violación, agresión por estrangulamiento y otros cargos vinculados a ataques sexuales contra una niña. Su juicio ha sido programado para el 26 de enero, según ha confirmado la propia jueza Kristina Montgomery KC.
La magistrada ordenó que ambos regresen al tribunal el 12 de diciembre. Ese día, explicó, se fijarán nuevas instrucciones y la víctima acudirá para responder a las preguntas de la defensa. Montgomery instó a los procesados a «meditar seriamente su situación» antes de esa fecha. Ambos continúan bajo custodia.
Los hechos que investiga la justicia ocurrieron el 22 de julio. La policía de Warwickshire ya había verificado la nacionalidad afgana de los sospechosos y proporcionó intérpretes durante la audiencia. Además del cargo que ha reconocido, Mulakhil sigue negando varias acusaciones: secuestro de un menor, tres violaciones adicionales y dos agresiones sexuales, todas contra menores de 13 años.
Las acusaciones provocaron una oleada de manifestaciones en Nuneaton el 9 de agosto. Decenas de personas, portando banderas nacionales, entonaron consignas contra la inmigración como «Stop the boats» y «Queremos recuperar nuestro país». Frente a ellos, activistas de Stand Up to Racism organizaron una contraprotesta significativamente más reducida.
La tensión política creció cuando el líder del Consejo del Condado de Warwickshire, George Finch, acusó al Ministerio del Interior y a la policía local de ocultar datos sobre el estatus migratorio de los acusados. Nigel Farage, dirigente del Partido Reformista, reforzó la presión pidiendo transparencia total.
