Una mujer alemana de 45 años fue asesinada a puñaladas por su exmarido, un hombre de origen turco de 49 años, en la ciudad bávara de Ingolstadt, según confirmó la Policía. La víctima murió poco después de ser trasladada al hospital. Los dos hijos de la pareja, de 23 y 17 años, intentaron proteger a su madre y se enfrentaron al agresor. La Fiscalía los ha puesto bajo investigación por «lesiones corporales graves», una fórmula jurídica que deberá determinar si actuaron en legítima defensa para impedir el asesinato. El autor del ataque también resultó gravemente herido y fue ingresado bajo custodia, con una orden de detención en vigor.
La pareja estaba separada desde 2024 y el hombre acumulaba amenazas, agresiones previas y una orden de alejamiento que había ignorado repetidamente, además de una condena suspendida por violencia doméstica. A pesar de estos antecedentes, la protección judicial no fue suficiente para evitar el crimen, que vuelve a situar en el debate público el aumento de ataques cometidos por individuos que ya estaban fichados por conductas violentas.
Tras las primeras publicaciones del caso, surgió la polémica habitual. La responsable de Integración de Ingolstadt, Ingrid Gumplinger, y la encargada de Igualdad, Barbara Deimel, criticaron que los medios mencionaran la nacionalidad del agresor, alegando que «estigmatiza a toda una comunidad». Sin embargo, los datos oficiales del Bundeskriminalamt (BKA) muestran una realidad difícil de ocultar: los sospechosos no alemanes representan ya más del 40% de los casos criminales registrados en Alemania. Entre los grupos sobrerrepresentados figuran sirios y afganos, y la proporción de condenados extranjeros supera ya un tercio del total, una cifra que no ha dejado de crecer en la última década.
