Un tribunal italiano ha dejado en libertad a un inmigrante maliense de 22 años acusado de violar a una mujer de más de 70 años en su domicilio en la ciudad de Pistoia, tras anular su prisión preventiva por un defecto de forma: un documento clave no fue traducido a un idioma que el acusado pudiera entender.
Los hechos se remontan al 19 de junio de 2025, cuando el individuo habría seguido a la víctima hasta el interior de su edificio, donde presuntamente la amenazó con un cuchillo, la retuvo y la agredió sexualmente. Tras huir del lugar, fue localizado dos días después en la estación central de Florencia y detenido.
Desde entonces, permanecía en prisión provisional a la espera de juicio. Sin embargo, esta semana el tribunal de revisión de Florencia ha revocado la medida cautelar al considerar que la orden de detención no fue traducida al francés, lengua que el acusado comprende, lo que supone —según los jueces— una vulneración del procedimiento. Como consecuencia, el presunto agresor ha quedado en libertad y el proceso judicial deberá reiniciarse.
La decisión ha generado una fuerte preocupación en el entorno de la víctima. Su familia teme posibles represalias y denuncia la falta de protección. «Ella lo identificó y declaró contra él, y ahora somos nosotros quienes vivimos con miedo», señaló la hija de la mujer, que advierte además de que el acusado no tiene domicilio fijo ni está sometido a control telemático.
El caso ha reavivado el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial italiano, especialmente en delitos graves. En los últimos meses, diversas resoluciones judiciales han sido objeto de polémica, incluyendo decisiones que han impedido extradiciones o anulado medidas contra delincuentes extranjeros por cuestiones técnicas o de procedimiento.
Desde el ámbito político, miembros del Gobierno han criticado que este tipo de resoluciones debilitan la capacidad del Estado para actuar frente a la delincuencia y la inmigración ilegal, al tiempo que erosionan la confianza de los ciudadanos en la justicia.
A esta situación se suma otro dato relevante: más de 30.000 extranjeros condenados en Italia cumplen actualmente sus penas fuera de prisión, según cifras de 2026, lo que ha intensificado la preocupación sobre la eficacia del sistema penal.
