La ciudad alemana de Salzgitter ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de trabajo obligatorio para los solicitantes de asilo con capacidad laboral, que deberán aceptar las tareas comunitarias que el Ayuntamiento les asigne o exponerse a recortes en las prestaciones públicas. La medida busca «favorecer la integración» y reducir la carga financiera que la llegada masiva de inmigrantes supone para la administración local.
El alcalde Frank Klingebiel defendió que no se trata de «trabajo forzoso», sino de una herramienta para fomentar la participación social, el aprendizaje del idioma y la asunción de responsabilidades básicas por parte de quienes reciben dinero público. Sin embargo, el propio Ayuntamiento reconoce que la mitad de los inmigrantes ya rechaza participar en los programas laborales voluntarios actualmente existentes.
La nueva normativa se basa en la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo, que permite remunerar estas tareas a 0,80 euros por hora. Quienes se nieguen sin causa justificada verán reducidas sus ayudas. La medida cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior de Baja Sajonia, que confirma que serán los municipios quienes definan la aplicación concreta de las obligaciones laborales.
Con esta decisión, Alemania da otro paso hacia la política de «activación forzosa» de los recién llegados, siguiendo el modelo impulsado por varios Länder para contener el creciente gasto social y frenar la presión migratoria. Salzgitter se convierte así en uno de los primeros municipios del país en vincular directamente prestaciones y obligación de trabajar.
