El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha tratado de impedir la toma de posesión del presidente electo Karol Nawrocki, en lo que muchos ya describen como un intento de golpe constitucional encubierto. En paralelo, su administración ha adoptado medidas de enorme gravedad institucional, como la suspensión del Consejo Nacional de Radiodifusión, órgano clave en la protección del pluralismo informativo y la libertad de prensa. Estas maniobras han generado un profundo malestar social y político, mientras se acumulan denuncias de abusos de poder y vulneraciones sistemáticas del orden jurídico.
La maniobra contra el Consejo Nacional de Radiodifusión no fue una acción aislada. Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el gobierno liberal de Tusk ha emprendido una campaña sostenida para neutralizar órganos constitucionales independientes, restringir a los medios críticos y consolidar un control ideológico sobre el espacio público. Bajo la bandera de una supuesta “democracia militante”, el Ejecutivo ha actuado como un ariete contra la arquitectura institucional del Estado de derecho.
Uno de los objetivos más notorios de esta ofensiva ha sido Maciej Świrski, presidente del Consejo Nacional de Radiodifusión, acusado de forma cuestionable de retrasos en la concesión de licencias a canales afines al gobierno y de negarse a transferir fondos a las emisoras públicas. Lo que en realidad hizo Świrski fue proteger esos fondos judicialmente, luego de que el Ejecutivo se apropiara por la fuerza de los medios públicos a finales de 2023. Pese a las presiones, defendió el marco legal y garantizó la continuidad de emisoras conservadoras como TV Republika y wPolsce24, cuyo crecimiento en audiencia ha contribuido decisivamente a la victoria de Nawrocki.
Lejos de cejar en su empeño, el gobierno llevó el caso Świrski al Sejm (Parlamento), donde una comisión parlamentaria promovió su destitución, ignorando una orden directa del Tribunal Constitucional que prohibía proseguir con el proceso. Finalmente, el 25 de julio, el Sejm votó por su suspensión con 237 votos —número inferior al umbral de tres quintos exigido por la Constitución— desoyendo abiertamente una sentencia firme del Tribunal Constitucional emitida solo nueve días antes.
Lo más alarmante es que esta votación se basó en normas ya invalidadas judicialmente. El Tribunal había determinado que ninguna mayoría simple podía destituir a un alto cargo constitucional, ni generar efectos jurídicos como la suspensión automática del cargo sin una mayoría cualificada. La resolución, lejos de ser acatada, fue abiertamente desobedecida por el Presidente del Sejm y los diputados aliados del gobierno. Según la legislación penal vigente, estas acciones podrían encuadrarse como una tentativa de derrocamiento del orden constitucional.
En medio de este conflicto, se ha producido un hecho insólito: cuatro miembros del Consejo de Radiodifusión, todos de perfil conservador, destituyeron por su cuenta a Świrski y designaron a una nueva autoridad, alegando que el Consejo no podía permanecer inactivo. Aunque el gesto buscaba evitar un vacío funcional, lo cierto es que el procedimiento fue dudoso y podría terminar legitimando, de manera indirecta, la estrategia del Ejecutivo.
No es el único caso en que la coalición gobernante ha intentado desmantelar instituciones autónomas. Una iniciativa semejante se dirigió también contra el presidente del Banco Nacional de Polonia. Sin embargo, tras un fallo desfavorable del Tribunal Constitucional y ante la presión internacional, el propio Tusk optó por suspender ese procedimiento.
Las agresiones a la legalidad no terminan ahí. Desde principios de 2024, se han ignorado decisiones del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional del Poder Judicial e incluso del Tribunal Supremo. Varios diputados opositores han sido arrestados de forma que recuerda más a regímenes autoritarios que a una democracia europea. El objetivo final parece ser el establecimiento de un sistema de control informativo absoluto, donde la oposición institucional sea anulada y los medios críticos silenciados.
Karol Nawrocki, respaldado por una mayoría electoral conservadora, representa una amenaza directa al modelo de poder instaurado por Tusk. Por eso, el bloqueo de su acceso a la presidencia, los ataques al Consejo Nacional de Radiodifusión y la neutralización de tribunales constitucionales son, en realidad, partes de un mismo diseño estratégico.
El 16 de julio, el Tribunal Constitucional dictó su fallo más contundente en meses: invalidó la posibilidad de suspender a funcionarios tras una acusación simple en el Sejm y estableció como obligatoria una mayoría de tres quintos para proceder legalmente. El veredicto debería haber cerrado cualquier intento de destitución sumaria. Sin embargo, fue ignorado por la Presidencia del Parlamento, consumando un desafío directo al máximo intérprete constitucional del país.
