La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cedido ante la presión del grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo (PE) y endurecerá las normativas climáticas de la Unión Europea, a pesar de la creciente oposición de varios Estados miembros. Esta decisión responde a una promesa que la presidenta hizo el año pasado al partido ecologista para asegurar su apoyo en su reelección al frente de la Comisión.
El grupo de Los Verdes, que cuenta con 53 eurodiputados de los 720 que conforman el PE, ha exigido la implantación de objetivos «claros y obligatorios» que los Estados miembros deberán cumplir para el año 2040. A pesar de ser el sexto grupo más grande del Parlamento, su influencia sobre la Comisión destaca la falta de consideración de las instituciones europeas hacia el giro a la derecha experimentado en la política tras las últimas elecciones europeas.
La Ley Europea del Clima, que incorpora los objetivos del Pacto Verde Europeo, establece que el continente debe alcanzar la neutralidad climática para 2050, con una reducción de emisiones del 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. La Comisión ha propuesto ahora un nuevo objetivo intermedio: reducir las emisiones al menos en un 90% para 2040. De aprobarse, estos objetivos serían de obligado cumplimiento para todos los países miembros.
Además de estos objetivos, la Unión Europea pretende que el 42,5% del consumo energético provenga de fuentes renovables en 2030. También busca continuar la descarbonización del sector industrial mediante la ampliación del uso de energías renovables y la producción de baterías, bombas de calor y vehículos eléctricos.
Sin embargo, cada vez son más los Estados miembros que critican el Pacto Verde Europeo, argumentando que ha generado incrementos fiscales y cargas adicionales para empresas y agricultores. También se culpa a estas políticas del aumento en los precios de la energía y de haber reducido la competitividad de la UE en el mercado global.
El grupo soberanista Patriotas por Europa ha instado recientemente a los partidos de derechas del Parlamento Europeo a unirse para desafiar el Pacto Verde, proponiendo «acciones rápidas, masivas y concretas» para proteger a las empresas y a los consumidores de los efectos negativos de estas imposiciones climáticas.
