La Unión Europea ha propuesto que las medidas de salvaguardia del acuerdo comercial con Mercosur tengan una duración máxima de cuatro años, una decisión impulsada por la Comisión Europea liderada por Ursula Von der Leyen que refuerza el rechazo del sector agrario y agrava el pulso institucional con el Parlamento Europeo, que cuestiona tanto el fondo del tratado como la forma elegida para activarlo.
La propuesta de Bruselas fija un marco de protección claramente limitado para los productos europeos frente a las importaciones procedentes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Según el texto planteado por la Comisión, las salvaguardias contarían con un periodo inicial de dos años y sólo podrían prorrogarse otros dos, siempre que se acreditase un perjuicio grave y un proceso de adaptación del sector afectado.
Este planteamiento ha sido recibido con profunda inquietud en el ámbito agrario, que ve en el acuerdo una amenaza directa por la entrada de productos elaborados bajo estándares medioambientales, laborales y sanitarios muy inferiores a los exigidos en la Unión. La duración máxima de cuatro años refuerza la percepción de que Bruselas asume como estructural una competencia desigual que penaliza a los productores europeos.
La Comisión defiende estas limitaciones como un mecanismo de equilibrio dentro del tratado, pero al mismo tiempo ha ido rebajando los criterios de activación de las salvaguardias ante la presión política. Los nuevos umbrales plantean su puesta en marcha con un incremento del 5% del volumen de importaciones respecto a la media de los últimos tres años y con precios un 5% por debajo de la media nacional, una corrección que no altera el problema de fondo: la fragilidad temporal del sistema.
Frente a esta propuesta, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha planteado una alternativa más amplia. Las enmiendas impulsadas desde la Eurocámara permiten extender la duración inicial de las salvaguardias hasta seis años y elevan la protección de los productos considerados sensibles hasta un máximo de ocho, mientras que los no sensibles quedarían cubiertos durante cuatro años.
El contraste entre ambas posiciones refleja una brecha cada vez mayor entre la Comisión y el Parlamento. Mientras Bruselas acelera los plazos para activar el acuerdo, la Eurocámara insiste en que el diseño actual no protege de forma efectiva al campo europeo frente a un bloque sudamericano que produce con costes muy inferiores gracias a normas menos estrictas.
Este desacuerdo no se limita al plano económico. El Parlamento ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre la legalidad del procedimiento seguido por la Comisión para cerrar el acuerdo con Mercosur. En su comunicación oficial, la Eurocámara subraya que la presión competitiva derivada de estas diferencias regulatorias resulta injusta para los productores de la Unión.
Además, el Parlamento critica que los mecanismos de salvaguardia carezcan de activación automática, dependan de investigaciones prolongadas y se basen en sistemas de seguimiento poco precisos, un enfoque que no encaja con la realidad del sector agrícola ni con la rapidez con la que pueden producirse daños irreversibles.
