VOX Europa ha conseguido que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo acepte debatir sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial en España.
La solicitud de este debate, que se espera se celebre el próximo 30 de noviembre, ha sido presentada por los de Abascal y secundada por el Partido Popular y Renew Europe en el contexto de una petición previa presentada por la asociación Ciudadanos Por Una Justicia Independiente.
Los peticionarios se dirigieron a la Eurocámara para manifestar su inquietud ante la falta de independencia del Poder Judicial en España y la presión que el Gobierno ejerce sobre los jueces. Señalaron que esta situación obstaculiza investigar casos de corrupción relacionados, por ejemplo, con la financiación europea que España recibió a raíz de la pandemia de la COVID-19.
La decisión de celebrar este debate es vista por VOX como un avance necesario para atraer la atención internacional sobre el debilitamiento del Estado de Derecho en España, sobre todo en lo que respecta a la independencia judicial.
La deriva autoritaria del Gobierno español se puso de relieve ya en 2021 con el proyecto de ley que buscaba reformar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Unión Europea y el Consejo de Europa siempre han animado a España a implantar un sistema por el que el órgano de gobierno de los jueces sea elegido por los miembros de la carrera judicial, y no por el Parlamento, como actualmente sucede. PSOE y Podemos pretendían ahondar en lo contrario, reduciendo las mayorías parlamentarias requeridas para renovar al CGPJ, lo que habría excluido del todo a la oposición a la hora de renovar al órgano de gobierno del Poder Judicial.
Ante el revuelo ocasionado y la llamada de atención del Comisario de Justicia, Didier Reynders, los partidos que respaldaban ese proyecto de ley decidieron retirarlo. Sin embargo, sí que aprobaron en marzo de 2021 una reforma legal para que el CGPJ no pueda realizar nombramientos mientras dure el bloqueo que impide la renovación de sus miembros.
Mediante este debate aprobado ahora por el Comité de Peticiones, la Comisión Europea estaría supervisando de cerca la situación y podría proponer sanciones contra España si se infringiera el Reglamento relativo a la condicionalidad del Estado de Derecho, que subordina la financiación de los Estados Miembros al respeto por los principios del Estado de Derecho.
El debate en el Parlamento Europeo permitirá someter la deriva autoritaria del Gobierno de Sánchez a escrutinio de Europa, en un momento en que el Estado de Derecho en España se ve amenazado por la posibilidad de una amnistía a los golpistas catalanes.
