Las nuevas propuestas del gobierno neerlandés respecto a las políticas de asilo y migración fueron anunciadas y serán las más estrictas de la historia de la historia de Países Bajos. El viernes, Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV), expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados después de semanas de negociaciones con los otros partidos de la coalición gobernante.
Entre las medidas anunciadas se incluye la reducción de los permisos de residencia temporal de cinco a tres años, con una reevaluación tras este período y la eliminación de los permisos de asilo indefinidos. Además, se endurecen las condiciones para la reunificación familiar, prohibiendo a los hijos adultos y parejas no casadas unirse a un solicitante de asilo aceptado.
El gobierno también busca facilitar la deportación de inmigrantes «no deseados» que hayan sido condenados por delitos y ha decidido abolir la «ley de dispersión», dejando de asignar a los municipios un número específico de inmigrantes. En su lugar, se establecerán «instalaciones de recepción austeras» como única opción para los solicitantes de asilo. También se elimina la prioridad para inmigrantes en el acceso a propiedades de alquiler, y se plantea la deportación de solicitantes de asilo provenientes de áreas «seguras» en Siria, que son el grupo más numeroso de solicitantes en los Países Bajos. Para completar el panorama, se establece una reducción del número de migrantes de la ONU de 500 a 200 por año y la instalación de entre 50 y 100 celdas adicionales para detener y deportar a los solicitantes de asilo rechazados.
A partir de finales de noviembre, se implementarán controles fronterizos con Bélgica y Alemania, donde se rechazarán a los inmigrantes ilegales o aquellos con un estatus de asilo aprobado en otros países de la UE. Este enfoque se basa en el artículo 25 del código de fronteras Schengen, que contempla el restablecimiento de controles en fronteras interiores en situaciones de amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional.
Las medidas propuestas han recibido fuertes críticas por parte de abogados de asilo, del Consejo Holandés para los Refugiados y otras organizaciones. Frank Candel, presidente de la ONG Consejo Holandés para los Refugiados, declaró que el gobierno busca «restringir los derechos de los refugiados reconocidos», dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Según Candel, «esto podría dar lugar a la creación de guetos. Actualmente, los refugiados están vinculados a una ciudad o pueblo; si se les despoja de esto, se quedarán literalmente atrapados en tierra de nadie«.
Por otro lado, Jaap Velema, alcalde de Westerwolde, que incluye el pueblo de Ter Apel, expresó su preocupación por la situación actual. Su centro de asilo, que tiene capacidad para 2.000 inmigrantes ilegales, está desbordado, y considera que las propuestas no mejorarán las condiciones de vida en su localidad. Un portavoz del ayuntamiento mencionó que hay problemas con el flujo de personas y la capacidad de salida.
