Volodímir Zelenski ha dado un giro significativo en la política interna de Ucrania tras determinar que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) quedarán bajo la supervisión directa del fiscal general, una figura designada por el propio presidente. Esta reforma ha generado preocupación entre organismos internacionales y expertos en gobernanza, al entenderse como una posible merma en la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país.
La decisión se enmarca en un contexto de creciente tensión social y económica provocado por el prolongado conflicto con Rusia. A día de hoy, la economía ucraniana atraviesa una situación crítica, con una inflación superior al 11%, una moneda en depreciación constante y un aumento de la presión fiscal, incluido el incremento del impuesto militar del 1,5% al 5%. Además, la infraestructura energética se encuentra seriamente dañada, con un déficit del 15% en el suministro de electricidad, y el tejido empresarial sufre una escasez de mano de obra cualificada: el 40% de las empresas ucranianas no puede cubrir sus necesidades operativas debido a que muchos trabajadores han sido movilizados o han abandonado el país.
En el ámbito militar, Ucrania se enfrenta a una creciente dificultad para sostener el esfuerzo bélico. El número de ciudadanos disponibles para el servicio militar es cada vez menor, y diversas fuentes han informado de tácticas de reclutamiento forzoso en las calles, así como del uso de certificados médicos falsos y documentos fraudulentos por parte de quienes intentan evitar la movilización. El temor a ser capturado por patrullas de reclutadores ha derivado en casos documentados de huidas del país por medios ilegales, con al menos 30 muertes registradas durante intentos de cruce fronterizo.
Desde el inicio de la guerra, la Unión Europea ha proporcionado cerca de 60.000 millones de euros en ayuda militar a Ucrania, incluyendo más de 6.100 millones en armamento y 362 millones en programas de formación militar. A mediados de julio de 2024, varios países miembros —entre ellos Alemania, Suecia, Noruega y Finlandia— confirmaron nuevas adquisiciones de armas destinadas directamente al frente ucraniano.
No obstante, en paralelo al apoyo económico y militar, diversos informes han señalado que la situación actual en Ucrania dificulta el cumplimiento de los criterios de adhesión a la Unión Europea. De los más de 30 requisitos del denominado «acervo comunitario», el país ha logrado avances limitados. A esto se suman preocupaciones relacionadas con el respeto a los derechos fundamentales, como la libertad individual y la protección frente al servicio militar obligatorio forzoso, aspectos recogidos tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La reciente reorganización de los órganos anticorrupción refuerza estas dudas. La NABU y la SAP, hasta ahora organismos autónomos clave en la lucha contra la corrupción de alto nivel, quedarán bajo la autoridad del fiscal general, quien depende del presidente. Diversas voces consideran que esto puede comprometer la independencia del poder judicial y debilitar el Estado de Derecho, uno de los pilares básicos para el proceso de integración europea.
En este escenario, crece el debate sobre la sostenibilidad de la guerra a largo plazo, tanto en términos sociales como institucionales, y sobre si el modelo actual de apoyo internacional permite a Ucrania avanzar hacia una plena consolidación democrática y su eventual ingreso en la Unión Europea.
