La oenegé defensora de Derechos Humanos Cristosal, señaló el jueves que el estado de excepción decretado por el Gobierno izquierdista de Xiomara Castro en Honduras en diciembre de 2022, lejos de ayudar en la resolución de los problemas fundamentales del país centroamericano, los ha agravado con el paso del tiempo.
El ente ha recalcado que la medida «lejos de garantizar seguridad», ha terminado provocando «una mayor percepción de inseguridad […] y propiciado múltiples abusos de poder, incluyendo malos tratos, lesiones y actos de tortura«, en un contexto en el que el país ha sido recientemente señalado por la Administración Trump por sus prácticas antidemocráticas y sus vínculos con el régimen chavista en casos de narcotráfico.
Cifras oficiales reseñadas por el medio Infobae apuntan que el Gobierno de Castro ha detenido a unas 9.668 personas desde que se puso en vigencia el estado de excepción, aunque organismos como el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras han reiterado que no hay pruebas contundentes de que la violencia haya disminuido en el país como consecuencia directa de la aplicación de este plan.
El informe de Cristosal ha alertado además del riesgo que supone la militarización del país para la propia democracia, en un contexto en el que, en noviembre de este año, está prevista la realización de comicios presidenciales. En los últimos meses distintos medios internacionales han reseñado las presiones y condicionamientos de los que han sido objeto partidos y candidatos en Honduras para poder formalizar su participación en los mismos; algo que la ONG ha caracterizado como un proceso que se dio «bajo condiciones de control, vigilancia y militarización».
