El pasado 27 de enero el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó la censura de la Revista Timeline, fundada por los periodistas Luís Ernesto Lacombe y Allan dos Santos. La medida generó una gran repercusión, ya que las redes sociales del medio fueron bloqueadas en Brasil sin una explicación pública detallada, reavivando el debate sobre la libertad de expresión en el país.
En un mensaje publicado en X (antiguo Twitter), Lacombe denunció la medida y cuestionó la falta de transparencia en la decisión: «La cuenta de la Revista Timeline en la red social X fue bloqueada en Brasil… La orden partió del Supremo Tribunal Federal. ¿Por qué? No lo informaron. Qué hermosa democracia tenemos…»
Además de X, las cuentas de la revista en Instagram y YouTube también fueron eliminadas. Durante la transmisión en vivo del programa Conversa Timeline, en YouTube, el equipo recibió una notificación informando que el canal había sido bloqueado en Brasil, según informó la Gazeta do Povo.
La justificación dada por X fue que la decisión cumple con «obligaciones aplicables a los proveedores de aplicaciones de internet según la Ley 12.965/2014», pero sin proporcionar más detalles. El abogado André Marsiglia, especialista en libertad de expresión, calificó la medida como «censura previa, expresamente prohibida por el propio STF en el fallo de la ADPF 130». En su evaluación:
«Eliminar el perfil de una revista, en tiempos digitales, es lo mismo que impedir en el pasado que la revista llegara a los quioscos, es decir, censura previa.»
La abogada Érika Gorga también criticó la acción del STF, destacando que «cualquier proceso que buscara restringir una publicación específica de la revista jamás podría iniciarse en el STF, sino en primera instancia». Según ella, la decisión viola el debido proceso legal y el derecho a la defensa.
Los políticos conservadores también son blanco de la Justicia
Además de la censura a un medio de comunicación conservador, los políticos opositores también están siendo perseguidos. El 30 de enero, el Tribunal Regional Electoral de São Paulo (TRE-SP) destituyó del cargo a la diputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por cuestionar el sistema electoral brasileño, algo completamente normal en cualquier democracia saludable.
La decisión fue tomada por cinco votos a dos y respondió a una solicitud del PSOL, que alegó abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. La diputada también fue declarada inelegible por ocho años.
Zambelli denunció la decisión como persecución política, afirmando en una nota enviada a la Gazeta do Povo: «El TRE-SP decidió anular los votos de 946.244 ciudadanos paulistas y destituirme de mi mandato como diputada federal. Esta decisión no tiene efectos inmediatos, y seguiré representando a São Paulo y a mis electores hasta que se agoten los recursos legales disponibles».
El relator del proceso, el juez José Antonio Encinas Manfré, argumentó que la diputada difundió «hechos inverídicos» sobre el sistema electoral en 2022, lo que supuestamente puso en duda la integridad del proceso electoral, según informó la Gazeta do Povo. Sin embargo, la juez Maria Claudia Bedotti discrepó y afirmó que «no hay pruebas en los autos de que los videos publicados por Zambelli fueran suficientes para comprometer la igualdad entre los candidatos».
El fallo fue celebrado por la diputada de extrema-izquierda Sâmia Bomfim (PSOL-SP), quien declaró en X: «La golpista puede apelar, pero iremos hasta el final para que se haga justicia y este sea solo el primer paso en la responsabilización de todos los golpistas. ¡Sin amnistía!»
Por otro lado, el senador Jorge Seiff (PL-SC) criticó la decisión, afirmando en la plataforma X: «Quien tiene que destituir a un parlamentario es el elector en las urnas, no los tribunales. La persecución contra la derecha es clara, obvia y absurda.»
Justicia brasileña: imparcialidad en entredicho
Las recientes decisiones del STF y del TRE-SP se producen en un momento preocupante para el sistema judicial brasileño. Un estudio del World Justice Project (WJP) ubicó a Brasil en la 80ª posición entre 142 países en el Índice del Estado de Derecho, con uno de los peores desempeños del mundo en imparcialidad de la Justicia Penal, solo por delante de Venezuela, según informó la Revista Oeste.
El estudio señala que Brasil enfrenta graves problemas: corrupción en el poder judicial, lentitud procesal, inseguridad jurídica y persecuciones políticas bajo pretextos legales. En la categoría Justicia Penal, Brasil obtuvo 0,33 puntos, muy por debajo del promedio global de 0,47. En Iberoaméricay el Caribe, el país ocupa la 17.ª posición entre 32 países, quedando detrás de naciones como Panamá, Ruanda y Botsuana.
Los datos confirman las denuncias de expertos sobre la creciente parcialidad de la Justicia en Brasil. La propia Constitución garantiza que «la manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la información no sufrirán ninguna restricción» (artículo 220), pero, en la práctica, el STF ha impuesto censura a medios de comunicación y periodistas, además de intervenir en asuntos políticos y electorales.
Censura institucionalizada
Los casos de la Revista Timeline y Carla Zambelli revelan una tendencia preocupante: la normalización de la censura y el uso del sistema judicial como una herramienta política.
Con la supresión de las redes sociales de una revista sin una justificación pública clara y la destitución de parlamentarios opositores, Brasil se aleja cada vez más de los principios democráticos. El estudio del World Justice Project refuerza esta percepción, al clasificar la Justicia brasileña como una de las más parciales del mundo. La pregunta que queda es: ¿quién será el próximo en ser silenciado?