Pasada la noche del miércoles el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la Reforma Previsional, que fue una de sus promesas de campaña, para eliminar uno de los pilares institucionales del “modelo” chileno. Por ello, según las propias palabras del mandatario “las AFP, en esta reforma, se terminan”. Sin embargo, se han levantado numerosas y transversales críticas a dicha iniciativa.
El gobierno frenteamplista esperaba que se aprobase la propuesta de Constitución para terminar con el sistema de previsiones AFP, pero, ya que fue rechazada de manera contundente en el plebiscito de salida, anunció esta reforma que debería ingresar la próxima semana como proyecto al Congreso chileno.
En el actual sistema el trabajador debe destinar un 10% de sus ingresos para un fondo de ahorro individual, que es administrado por entidades privadas altamente reguladas llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) más una comisión que cobra cada una de estas entidades y que oscila entre 0,58% y 1,45% de la remuneración total.
En cambio, la propuesta del gobierno de Gabriel Boric busca aumentar las cotizaciones en un 6% y con esto crear un sistema “mixto”. Ese 6% no iría a las actuales cuentas individuales y sería utilizado por un ente estatal encargado de “invertirlo”. En particular, se destinaría un 70% de ese nuevo aporte a una cuenta individual «nocional» y el 30% a un fondo solidario de reparto.
Historia de las AFP
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones que administran las pensiones basadas en cuentas de ahorros individuales, que son invertidas, generando capitalización individual. Surgieron en el Régimen Militar (en 1980), y reemplazaron al sistema de reparto de las “Cajas de Previsión”, en las que cada persona se asociaba a la que le correspondía según el rubro de su trabajo. Empero, esto generó que los sindicatos o grupos que más presionaran a sus Cajas Previsionales serían los que obtendrán mejores negociaciones para su jubilación.
Si bien, en el año 1980 se permitió a los cotizantes elegir si desean mantenerse en dicho sistema o actualizarse a las AFP, en 1982 todos los nuevos cotizantes debían integrarse al nuevo sistema de capitalización individual. Este proceso se dio a la par de la bancarización de los chilenos y la movilidad social experimentada por estos.
Luego, para el gobierno del expresidente Ricardo Lagos se hizo una modificación, y las AFP comenzaron a componerse de cinco multifondos, que tienen diferentes riesgos de inversión y, por tanto, de rentabilidad, en los que cada cotizante tiene la opción de elegir: desde el fondo A (siendo el más riesgoso en el límite de inversión) hasta el E (el menos riesgoso). Posteriormente, Michelle Bachelet en su primer gobierno hizo una reforma y creó un pilar solidario, complementario al actual sistema de AFP, para aquellas personas que por distintos motivos no cotizaron. Igualmente, se crearon los APV (Ahorro Previsional Voluntario), como una forma de aumentar la jubilación.
En enero de este año, cuando Sebastián Piñera aún era presidente, se aprobó la “PGU” (Pensión Garantizada Universal), que reemplazó al Pilar Solidario.
A estas alturas, se puede constatar en Chile un sistema mixto de pensiones, que descansa en la capitalización individual. Así mismo, el modelo de las AFP, tras sus distintos indicadores de éxitos, ha sido exportado a diferentes países, con realidades y sistemas políticos muy diferentes como Australia y Perú.
La destrucción del modelo
Tras las movilizaciones estudiantiles del 2011 —época en la que surgieron Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Karol Cariola, entre otros—, apareció otro movimiento que llevaba como nombre “No + AFP”, liderado por su vocero Luis Mesina (quien fue militante del Partido Socialista).
Así, poco a poco se instaló la idea de que es necesario eliminar las AFP porque son uno de los pilares del “modelo” chileno —instalado en el Régimen Militar—, que generaría desigualdades, brechas y, por tanto, malestares. Es decir, en lugar de mejorar el sistema, se busca destruirlo por razones ideológicas.
Para el 18-O, en plena anomia y mientras distintos actores se disputaban el significante vacío de “dignidad”, surgieron voces que reclamaban “pensiones dignas”. Esto se lograría refundando el modelo, cambiando la Constitución y todos los pilares del orden institucional como las AFP. Luego, en plena pandemia, pero con una conflictividad que se expresaba en todas las dimensiones de lo político, distintas voces populistas empujaron la idea de retiros adelantados de los dineros en las cuentas de las AFP. ¿La supuesta razón? La pandemia dejó a muchas personas sin trabajo, el Estado no llegaba a las urgencias, y los chilenos tenían necesidades en un periodo delicado.
Pero otras voces fueron más explícitas, como la diputada izquierdista Pamela Jiles, develando la real intención, quien sostuvo que era “hora de darle un tiro de gracia a las AFP”. Así, durante la pandemia se realizaron tres retiros de 10% desde las cuentas de ahorro previsionales, y se han instalado otras iniciativas en esta misma línea que han sido rechazadas. Con todo, estas medidas claramente han afectado las futuras jubilaciones de los chilenos.
Por otro lado, no se debe olvidar la amenaza que surgió en el proceso constituyente, que amenazó la propiedad sobre los ahorros previsionales y su heredabilidad. La iniciativa “Con mi plata No” que surgió en el proceso constituyente, logró la mayor cantidad de firmas ciudadanas, para ser presentada y escuchada por la ex Convención Constitucional. Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por los constituyentes, quienes se negaron a discutirla, generando un gran escándalo a nivel nacional.
De hecho, el exconvencional Daniel Stingo sostuvo que “no es tu platita”, confirmando la legítima preocupación de los chilenos sobre el futuro de sus pensiones.
La actual propuesta
Es necesario recalcar que el Gobierno tenía la intención de realizar esta reforma previsional una vez que la propuesta de nueva Constitución fuese aprobada, situación que no ocurrió. Por consiguiente, Boric tuvo que presentar esta reforma, que será discutida en el Congreso, para dejar atrás el sistema de las AFP e instalar un sistema “mixto”, y que aumente en un 6% la recaudación, porcentaje que será administrado por el mismo Estado. Se pondría en marcha en un plazo de 24 meses, es decir, para finales del año 2024.
Entre los ejes de la reforma, destaca que el aumento de la cotización en un 6% se iría a un fondo común, bajo el eufemismo de una cuenta “nocional”, es decir, es una cuenta individual ficticia sobre la que se realiza una proyección de los ingresos, pero no existe materialmente ya que ese dinero se destina a otros fines, como puede ser aumentar las pensiones actuales u otras “inversiones”.
Además, se busca la creación de una institución estatal que estará a cargo de recaudar este nuevo aporte y administrarlo de manera discrecional, sin tener una mentalidad de ahorro o capitalización, dejando abierta la puerta a que estos fondos se utilicen de acuerdo a consideraciones políticas.
Este 6% será según la ley un cargo al trabajador que, si bien es cierto con el tiempo termina transformándose en un impuesto al trabajo más, tiene un efecto demoledor inicial en los flujos de las empresas, que tendrán difíciles decisiones que tomar cuando entren en vigor estas medidas.
Por otro lado, los fondos actuales y los futuros que provengan de la actual cotización de 10% dejarían de ser administrados por las AFP, dando paso a nuevos administradores privados que deberán competir con un administrador público.
Dado lo anterior, tras el anuncio presidencial, las críticas rápidamente se hicieron notar, pues en un escenario de incertidumbre, en que la economía se encuentra en estanflación, septiembre tuvo un crecimiento negativo, sumado al anuncio de Reforma Tributaria en julio del presente año —que no busca aumentar la inversión ni la creación de riqueza, sino todo lo contrario—, claramente este tipo de medidas no ayudan a la situación actual de los chilenos.
Las declaraciones son variadas. Oscilan desde que “es un retroceso”, que “desconoce los cambios del mercado laboral”, hasta que “el Gobierno no está escuchando a los trabajadores, muy similar a la Convención”.
Si en realidad se tiene como fin aumentar y mejorar las pensiones de los chilenos, hay otras estrategias que pueden funcionar, a pesar de no gozar de popularidad. Como aumentar la edad de las jubilaciones, que se ha demostrado empíricamente que logra este objetivo.
Finalmente, hay que tener presente que, hoy, el Estado chileno está liderado por el Gobierno de Gabriel Boric que ha demostrado ineficiencia fiscal, que no ha dejado las malas prácticas —de hecho, las ha profundizado— y que aumentó en 8.200 los funcionarios fiscales desde marzo hasta el mes de octubre. Por ello, hay que ser cautelosos ante anuncios que prometen mucho, pero en la realidad representan una gran amenaza para el futuro de los chilenos.
