A poco más de un año de haber llegado a la presidencia, cuatro integrantes del Gabinete Ministerial del comunista Pedro Castillo son investigados por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como miembros del Ejecutivo.
Tanto el jefe de Gabinete, Aníbal Torres, como los titulares de Justicia, Comercio Exterior y Turismo; y ahora la de Cultura, en el más reciente escándalo ventilado por la prensa, enfrentan investigaciones diversas por presuntos delitos como organización criminal, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.
No obstante, es necesario aclarar que los asiste la prerrogativa del antejuicio político que los protege de denuncias sin fundamento jurídico ni político.
Y es que, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, además de los ministros de Estado, son también titulares de dicha prerrogativa los congresistas -el Congreso es unicameral-, el presidente, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del Pueblo y el contralor general.
Por tratarse de ministros de Estado, la Fiscalía de la Nación solo puede realizar una investigación preliminar para recabar las pruebas más urgentes de los presuntos delitos que se están indagando. Para ello, puede solicitar allanamientos o el levantamiento del secreto bancario. También podría solicitar impedimento de salida del país.
Los ministros investigados
Los ministros investigados, además del ya mencionado Torres, quien preside el Consejo de Ministros (PCM) y es acusado de presuntos actos de obstrucción, son: Bettsy Chávez (Cultura), también congresista integrante del grupo izquierdista Perú Democrático y exministra de Trabajo -censurada en su momento por el Parlamento-, Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) -además acusado de sobornar a funcionarios del jurado electoral para favorecerlo en su elección como congresista-, y Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), uno de los voceros oficialistas de mayor exposición ante los medios.
A Chávez se le abrió investigación este lunes 14 por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, por supuestamente dar trabajos en el Estado a dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se la vincula sentimentalmente.
La semana previa, el 7 de noviembre, la Fiscalía de la Nación amplió una investigación preliminar contra Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, que él lideraría, para comprender a Roberto Sánchez como supuesto autor del delito de obstrucción a la justicia.
Y es que, de acuerdo con la versión de un colaborador eficaz, Sánchez prometió al exsecretario del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, que le entregaría 8000 soles (unos 1995 euros) mensuales a la esposa de este para que no testificara ni otorgara pruebas contra Pedro Castillo.
Cabe recordar que Pacheco estuvo prófugo de la justicia por más de tres meses y se puso a disposición de la Fiscalía a fines de julio de este año tras negociar su entrega con el Ministerio Público y el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que investiga los presuntos actos de corrupción del gobierno de Castillo.
Finalmente, Chero es investigado por las declaraciones de un colaborador eficaz que lo involucró en un ‘complot’ para evitar que el empresario Zamir Villaverde -investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y condenado previamente por robo agravado, colusión y falsificación de documentos- responda, desde su celda en el penal Ancón I (donde cumplía prisión preventiva hasta que fue excarcelado) sobre la presunta existencia de una mafia en el Gobierno.
