El presidente del Congreso peruano, Eduardo Salhuana -integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP)-, es nuevamente cuestionado luego de que revelara que abogó por un sentenciado por narcotráfico ante el Tribunal Constitucional (TC), de acuerdo con una investigación del diario El Comercio.
Según con el informe periodístico, Salhuana pidió al TC en el año 2008 que se cambie la sentencia contra su patrocinado -al que se le conoce por las siglas TLPR- por una menos gravosa para reducir su pena de 12 años de prisión.
No obstante, la Primera Sala del TC declaró improcedente el recurso interpuesto por Eduardo Salhuana debido a que no se trataba de una sentencia firme.
Salhuana se defiende: «Es en el libre ejercicio de mi labor»
En declaraciones para la prensa, el presidente del Parlamento peruano detalló que el caso data del año 1995 en el que un grupo de 30 o 40 personas de la comunidad nativa de Bocamanu, en la región Madre de Dios -ubicada en el sur del Perú, donde campea la minería ilegal-, fueron procesados por tráfico ilícito de drogas.
Además, Salhuana justificó el patrocinio señalando que se trató de su libre ejercicio como abogado.
«Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada en una situación de esta naturaleza, aprovechando la condición de lejanía y desconocimiento. Cerca de 30 o 40 fueron procesados por ese delito y yo fui abogado de uno o dos de ellos. Es en el libre ejercicio de mi labor como abogado», declaró.
Vinculado a la minería ilegal
Elegido por 96 votos -de un total de 130 legisladores- para conducir la Mesa Directiva del Parlamento peruano en el período anual de sesiones 2024-2025, Salhuana es cuestionado por sus presuntos vínculos con la minería ilegal, sobre todo por su procedencia, pues es representante de la región Madre de Dios, donde abunda esta actividad ilícita que ha incrementado la deforestación de la selva peruana.
Durante su mensaje tras ser elegido como nuevo titular del Congreso, Salhuana rechazó «tener vínculo con actividad ilegal de algún tipo».
Asimismo, aseguró que no va a presentar ningún proyecto o iniciativa legislativa referida a la minería.
«Rechazo categóricamente tener vínculo la actividad ilegal de algún tipo. Conforme a la democracia, brindaré a la opinión pública toda la información de mis iniciativas y actividades públicas que permitan que sea la verdad la que prime frente a la desinformación y mala fe de algunos sectores», continuó.
«El año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa a dicho sector económico», afirmó.
Minería ilegal: más poderosa que el narcotráfico
Sin embargo, el «Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en áreas claves de biodiversidad«, acusan a Salhuana de ser «el autor de la mayoría de las iniciativas que limitan la lucha contra minería ilegal, como lo venimos advirtiendo hace varios meses».
Cabe precisar que, de acuerdo con el estudio Abordaje integral de la minería ilegal e informal en el Perú, realizado por la consultora V&C Analistas, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de 22,700 millones de soles al año (más de 5 mil millones de euros); mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el medioambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
Además, la SNMPE también advirtió que esta actividad ilícita, especialmente del oro, mueve alrededor de 4 mil millones de dólares al año en el Perú, y que 2 millones de onzas de este mineral provienen de la ilegalidad.
