El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha necesitado apenas unas horas para empezar a desmontar uno de los principales pilares de la política de seguridad heredada de Gustavo Petro. Su Gobierno ha ordenado el traslado de 117 reclusos de alto perfil vinculados a procesos de negociación y diálogo desarrollados durante la anterior Administración hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.

La operación, ejecutada coincidiendo con el comienzo del nuevo Gobierno, afecta principalmente a presos que permanecían en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, y busca impedir que determinados cabecillas sigan ejerciendo influencia sobre sus organizaciones criminales desde el interior de prisión.

Las imágenes difundidas por el Ejecutivo muestran a los internos esposados y bajo un fuerte dispositivo de seguridad mientras son trasladados a diferentes prisiones del país.

Es la primera gran escenificación de la política de «mano dura» prometida por De la Espriella durante la campaña electoral y supone un giro inmediato respecto al enfoque dialoguista impulsado durante los cuatro años de Petro.

Del diálogo de Petro a la máxima seguridad de la Espriella

El anterior Ejecutivo convirtió la denominada «Paz Total» en una de sus grandes apuestas políticas. La estrategia pretendía abrir negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales con el objetivo de reducir la violencia mediante acuerdos, ceses del fuego y sometimientos negociados.

De la Espriella llegó a la Presidencia prometiendo exactamente lo contrario. Durante su investidura anunció que la etapa de conversaciones con los grupos armados estaba «completamente agotada» y planteó una ofensiva mucho más agresiva contra las estructuras dedicadas al narcotráfico y la violencia organizada.

El traslado de los 117 internos constituye ahora la primera traducción práctica de ese cambio de doctrina. El nuevo Gobierno sostiene que su objetivo es recuperar el control penitenciario y romper los canales mediante los que determinados reclusos continúan coordinando actividades criminales desde las cárceles.

Cabecillas de algunas de las principales bandas colombianas

Entre los presos afectados aparecen miembros y dirigentes vinculados a estructuras criminales como la Oficina de Envigado, La Terraza y El Mesa, organizaciones con una larga trayectoria en el crimen organizado colombiano.

Buena parte de ellos permanecía en la cárcel de Itagüí, un centro que durante el Gobierno de Petro adquirió especial importancia dentro de los contactos entre el Estado y distintas bandas.

La prisión había quedado además envuelta meses atrás en una fuerte polémica después de descubrirse que funcionó durante años sin cámaras internas de seguridad y de que se celebrara una fiesta ilegal dentro del establecimiento con música en directo y alcohol. El escándalo provocó investigaciones y suspensiones de funcionarios.

Ahora, los internos considerados de mayor perfil están siendo dispersados hacia centros con mayores medidas de seguridad para dificultar que conserven sus redes de mando.

El mensaje de De la Espriella: se acabaron los privilegios

La operación tiene también una evidente dimensión política. De la Espriella ha querido comenzar su mandato transmitiendo la idea de que los cabecillas criminales perderán los privilegios y capacidad de interlocución que, según sus críticos, adquirieron durante la etapa de Petro.

Entre sus propuestas se encuentra incluso la construcción de diez grandes complejos penitenciarios, además de una profunda transformación del actual sistema carcelario colombiano.

El traslado de los 117 presos funciona así como una declaración de intenciones: antes incluso de acometer las grandes reformas prometidas, el nuevo Ejecutivo quiere mostrar que las cárceles volverán a estar sometidas al control del Estado y no de los propios cabecillas.

Washington respalda el giro de Colombia

El nuevo rumbo colombiano cuenta además con un aliado fundamental: Estados Unidos. Washington ha anunciado un paquete de alrededor de 1.000 millones de dólares de asistencia en seguridad para Colombia, mientras De la Espriella prepara una ofensiva contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en amplias regiones del país.

El presidente colombiano mantiene una relación política mucho más cercana con Donald Trump que la que sostuvo Petro durante su última etapa en el poder.

De la Espriella pretende recuperar herramientas agresivas contra el narcotráfico, reforzar las Fuerzas Armadas y terminar con una estrategia basada en negociaciones que sus partidarios consideran que permitió a numerosos grupos criminales ganar tiempo, territorio y capacidad militar.

Reuters señala que el nuevo dirigente ha prometido una respuesta militar dura contra las organizaciones armadas y ha anunciado también medidas económicas como la reducción del gasto público y la reapertura de Colombia a determinadas actividades de explotación energética.

La inseguridad, gran herencia de Petro

El fracaso parcial de la «Paz Total» fue uno de los grandes problemas de la presidencia de Petro. Aunque su Gobierno defendió avances en diferentes procesos de negociación y destacó los decomisos de cocaína y las extradiciones, la violencia continuó creciendo en distintas regiones y varios grupos armados ampliaron su presencia territorial.

De la Espriella construyó buena parte de su victoria electoral sobre esa percepción de deterioro de la seguridad. Su mensaje fue sencillo: menos negociaciones y más fuerza del Estado. La decisión adoptada en su primer día deja pocas dudas sobre cuál será la prioridad del nuevo Ejecutivo.