Las autoridades peruanas han detenido este viernes al exjefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin) Martín González Sánchez por ser responsable de la fuga del sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en el marco de la presunta red criminal liderada por el mandatario, según la Fiscalía.
El Ministerio Público ha señalado en un comunicado que agentes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) han detenido también a José Luis Alarcón Camacho, coronel de la Policía Nacional de Perú y a Martín Hanns Barco Rivadeneyra, jefe de la División de Búsqueda de la Digemin.
González, quien fue jefe de la Digemin entre septiembre y octubre del 2021, filtró una serie de informaciones a Vásquez tras dejar el cargo en 2022 para evitar su captura y, a cambio, le pidió volver a ocupar un cargo en el organismo, según el diario ‘El Comercio’.
Por su parte, Camacho está señalado por haber puesto trabas a la búsqueda del exministro de Transportes Juan Silva, acusado de presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según las pesquisas, retrasó la entrega de documentación para evitar que se aprobase el allanamiento en su contra.
De la misma formam, Martín Barco está imputado por haber ordenado de manera «injustificada» que un equipo de Inteligencia se retirara de los trabajos de vigilancia durante las acciones de búsqueda de Silva, según el citado diario.
González también sería responsable de la huida del exjuez peruano César Hinostroza -acusado por delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y delito de organización criminal-, quien salió de Perú en octubre de 2018 y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo.
Tras una orden internacional emitida por las autoridades peruanas, fue detenido y enviado a prisión provisional por riesgo de fuga tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. En julio de 2020, el Gobierno español aprobó su extradición a Perú.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera, el citado Silva; con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado; del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
