Luego de 18 días de paralizaciones, el Gobierno de Ecuador inició un proceso de paz con la dirigencia indigenista. Pronto habrá mesas de diálogo. En medio de los acuerdos, fue detenido el prefecto (equivalente al cargo de gobernador) de Cotopaxi: la provincia que mayor número de movilizaciones de la ciudadanía ha tenido contra la corrupción y la presunta delincuencia organizada.
Por un lado esto podría servir como una herramienta para demostrar la firmeza del Gobierno de Lasso. Pero por otro podría ser contraproducente, en cuanto los movimientos indigenistas afirman que se trata de persecución política. En todo caso, si el gobernador es liberado, podría mostrarse como un acto de debilidad, a menos que realmente no existan pruebas suficientes para incriminar al funcionario.
El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, fue detenido el jueves 28 de julio durante un operativo realizado por la Policía y Fiscalía. El perfil de Guamán es crucial durante esta etapa de negociación, en cuanto representa al partido indigenista Pachakutik, del cual fue coordinador nacional. De la mano de esa agrupación fue reelegido como prefecto en el 2019. Antes de ello fue vicepresidente del Congreso Nacional. En 2002 fue elegido como diputado por la provincia de Cotopaxi.
Dado el vínculo estrecho del prefecto con el partido indigenista, esta situación podría agregar tensión en la negociación. No obstante, el Gobierno dejó en claro que no iba a detener ningún proceso vigente. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, detalló que la Fiscalía tenía al prefecto bajo investigación desde hace un año. A través de Twitter agregó que “También se indagan operaciones en el extranjero”.
Villavicencio dio un paso más allá y acusó la corrupción en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Estas instituciones conforman la organización territorial del Estado ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador. También destacó cómo políticos ocupan cargos públicos y luego se lanzan como legisladores para garantizar la inmunidad parlamentaria, tras haber cometido delitos mientras se alimentaban del erario.
La Policía afirma que la investigación empezó hace un año
La Policía confirmó que la investigación lleva varios meses. En colaboración con la Fiscalía, la Policía llevó a cabo 32 allanamientos, incluidas las oficinas de la Prefectura. Fue justamente la Fiscalía quien informó sobre la detención de Guamán como parte del operativo ‘Depuración 1’. Fue aprehendido junto a otras ocho personas, entre ellos funcionarios y contratistas.
De acuerdo a la información preliminar, el prefecto Guamán habría cobrado dinero a cambio de cargos públicos y la adjudicación de contratos en la Prefectura de Cotopaxi. Extraoficialmente, se señala que el prefecto habría recibido bienes como parte de ese sistema de sobornos.
“Esta investigación no es casual, se ha desarrollado durante meses. Se levantó información, investigamos los movimientos financieros de contratistas y de las personas que trabajan en las instituciones públicas. Es un caso sólido”, declaró el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, ante la prensa local.
Salinas asegura que hay varias propiedades y bienes identificados que están ligados a casos de corrupción. «Se levantó información, investigamos los movimientos financieros de contratistas y de las personas que trabajan en las instituciones públicas”, agregó.
De manera que la policía desmonta la versión de los líderes indigenistas que acusan persecución política por parte del gobierno contra el prefecto de la provincia de Cotopaxi. Entre ellos, la exlegisladora Lourdes Tibán, quien espera que no se trate de una presunción del delito.
La detención de Guamán podría marcar un precedente. Luego de la liberación de Leonidas Iza, quien lideró la reciente paralización del Ecuador y es autor de la frase “comunismo indoamericano o barbarie”, se evidenció la impunidad aplicada a la dirigencia indigenista. En caso de confirmarse el arresto del prefecto, esta tendencia llegaría a su fin.
Además, todo esto permitiría esclarecer el ataque contra la legisladora Gissella Molina, también de Pachakutik. Molina denunció recientemente que atentaron contra su vida por no votar a favor de la destitución de Guillermo Lasso. Se abstuvo porque, aunque es crítica del gobierno, no quiso formar parte de un quebrantamiento del Estado de Derecho en el Ecuador. Dicha legisladora, por cierto, es oriunda de Cotopaxi y ha declarado que al ser montuvia (etnia rural), no está sujeta ser sometida a la justicia indígena.
Dados casos como el suyo, la detención del prefecto de Cotopaxi sería un golpe para la denominada “discriminación positiva”, donde, en lugar de ser iguales ante la ley, ciertos grupos son privilegiados en nombre de la supuesta “reparación histórica”. Con ello se daría un paso hacia la restitución del verdadero Estado de derecho en el país sudamericano.
