El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal.
La Fiscalía realizó este pedido contra el exmandatario en el marco de las investigaciones que le realiza por la presunta comisión de delitos organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos de Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante la audiencia de este jueves 9 de marzo, Checkley concluyó que existe peligro de fuga por parte del expresidente, ya que considera que no tiene arraigo domiciliario, pues su estadía en el penal de Barbadillo -prisión donde también cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori y a dónde iría a parar el también expresidente Alejandro Toledo cuando sea extraditado al Perú- no puede considerarse como tal.
Además, consideró que, si bien aún tiene vínculos familiares en el Perú que le dan arraigo familiar, este se encuentra bastante debilitado por la ausencia de su esposa y sus hijos menores, Checkley añadió que, si Castillo estuviese en libertad, sería fácil salir del país y asilarse como intentó hacerlo cuando se dirigía a la embajada mexicana el día del golpe de Estado.
Finalmente, el juez determinó que se cumple el tercer requisito: existe peligro de obstaculización de la justicia, ello teniendo en cuenta su condición de presunto líder de una red criminal, el presunto amedrentamiento de testigos y también su intento de intervenir el Poder Judicial el día del golpe de Estado.
El juez aclaró que no hay impedimento para dictar una segunda orden de prisión preventiva por un caso distinta y que toda prisión preventiva es cautelar.
Prisión preventiva por rebelión
Como se recuerda, Castillo ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, como parte de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión, tras el golpe de Estado cometido el pasado 7 de diciembre.
En esa oportunidad, Checkley estableció que existen elementos para fundamentar la acusación de los delitos de rebelión y conspiración contra Castillo y algunos de sus colaboradores más cercanos.
El magistrado también estableció la comparecencia periódica del expremier Aníbal Torres, a quien se le puso comparecencia restringida, si bien algunos analistas consideran que esta debería revertirse y pasar a prisión preventiva por sus continuas actividades proselitistas junto a otros activistas de izquierda en contra del gobierno de Dina Boluarte, sucesora constitucional de Castillo.
Además, Checkley señaló en su resolución que existen elementos de convicción de presunta conspiración y que Castillo, junto a la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y Aníbal Torres habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de Justicia.
El magistrado dictaminó igualmente que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intención de fugarse y asilarse en México.
Sobre este punto, hay que recordar que el golpista fue detenido por la policía peruana cuando huía en un vehículo oficial junto a su esposa y sus hijos rumbo a la Embajada de México en Lima. Lilia Paredes, ex primera dama, y sus hijos menores, actualmente se encuentran asilados en Ciudad de México bajo el auspicio del gobierno del también izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
