Diputados del Congreso de la Nación de la República Argentina remitieron la pasada semana una comunicación al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al International Cooperation and Review Team (ICRG) para advertir del peligro que significa el avance de un nuevo Pacto Nuclear con la República Islámica de Irán, cuya suscripción sería inaceptable en razón de los reiterados incumplimientos de dicho país en materia de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los parlamentarios igualmente recordaron el papel de la Guardia Revolucionaria de Irán, así como de Hezbolá en los atentados terroristas perpetrados en la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, con el supuesto apoyo del gobierno iraní.
Desde hace algún tiempo se viene hablando acerca del asunto y más recientemente se anunció la reanudación de las negociaciones en Viena para cerrar las negociaciones para reestablecer el pacto nuclear con Irán, avisos que pusieron en alerta a los parlamentarios argentinos, quienes decidieron enviar una misiva al GAFI —entidad intergubernamental constituida en 1989 para desarrollar políticas que contribuyan a combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo— y el ICRG, pues estos organismos deben conocer los reiterados incumplimientos de Irán de los estándares internacionales dictados por dicho grupo.
Recordaron que la nación islámica se ha negado a colaborar con la Justicia argentina en el proceso de investigación sobre los referidos atentados terroristas cuyos protagonistas en la actualidad forman parte o están asociados al Gobierno iraní. Señalados estos de ser autores intelectuales y de financiar las acciones, nunca se han presentado ante el juez del tribunal que los requiere, aun cuando poseen alertas rojas vigentes en Interpol.
Para los diputados firmantes de la carta es inaceptable que en el contexto de las negociaciones que se adelantan para la firma del nuevo pacto nuclear se ignore esta falta de cooperación de Irán con el sistema judicial argentino y los incumplimientos con las pautas del GAFI. En tal sentido, subrayaron que Irán violó los acuerdos según los cuales se comprometió a abordar y corregir sus deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Igualmente, llamaron la atención sobre la negativa de Irán a promulgar las Convenciones de Palermo y la Convención de New York contra el Financiamiento del terrorismo de acuerdo a los Estándares del GAFI. Lo cual coloca a dicho país no solamente en “lista negra”, sino que por ello el Grupo de Acción Financiera Internacional llamó a sus miembros y los instó a aplicar contramedidas efectivas, dado el riesgo de que Irán esté incursa el financiamiento de actividades terroristas, lo cual es una amenaza al sistema financiero internacional.
Los diputados se remiten al dictamen del Fiscal General de la Causa AMIA, Alberto Nisman, asesinado en enero de 2015. Nisman acusó al régimen iraní de infiltrar varios países de Sudamérica e instalar en ellos estaciones de inteligencia para cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas, en consonancia con sus postulados de exportación de la revolución. El fiscal detalló las operaciones del fundamentalismo terrorista iraní “que produjo resultados devastadores en la República Argentina”.
Precisan que los iraníes Mohsen Rabbani, Ahmad Vahidi, Ali Akbar Velayati, Ali Fallahijan, Moshen Rezai, Ahmad Asghari y el libanés vinculado a Hezbolá, Salman El Reda, sobre quienes se mantiene vigente la alerta roja de Interpol, nunca se presentaron ante la justicia argentina donde son requeridos.
En la misiva, los diputados también hacen referencia al incidente ocurrido el 6 de junio de 2022 con el avión propiedad de Mahan Air utilizados por las Fuerzas Quds y que es explotado por la empresa Emtrasur, filial de Conviasa, en cuya tripulación conformada por 19 personas —14 venezolanos y 5 iraníes— habría algunos individuos, entre ellos el comandante de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, relacionado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con la aerolínea iraní Qeshm Air. La justicia argentina trata de determinar si el vuelo buscaba dar soporte financiero, material o de otro tipo, a Hezbolá, la cual operaría en la denominada “Triple Frontera”.
Se indica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó y sancionó a ambas compañías aéreas —Mahan Air y Qeshm Air—, así como a las Fuerzas Quds y a los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, por sus actividades de apoyo al terrorismo internacional. Conviasa, la línea aérea venezolana también fue sancionada. Para los parlamentarios, los citados constituyen una amenaza directa para Argentina.
Asimismo, en la carta se destaca que Venezuela es la puerta de entrada de Irán a la región, así como también el alineamiento político que exhibe el Gobierno argentino con el venezolano, alertando que tal situación, como la del avión de Emtrasur, constituyen un incremento del riesgo. De allí el llamado al GAFI.
Finalmente, los diputados advierten que la actividad de Irán se ha incrementado en la región, como así lo demuestran los hechos recientes, por lo que el avance de las negociaciones internacionales para la firma de un nuevo pacto nuclear con Irán, debe llamar al GAFI a tomar un papel preponderante en la exigencia del cumplimiento de los objetivos de su creación.
“Los aquí firmantes, solicitamos el GAFI asuma la responsabilidad por ser el organismo rector en la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”, puntualiza la carta.
