La Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Brasil ha aprobado este jueves la ruptura del secreto bancario y fiscal de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como «Lulinha», hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La comisión investiga un esquema de desvío de fondos vinculados a beneficios destinados a jubilados y pensionistas. En el marco de la llamada Operación «Sem Desconto», la Policía Federal ha recopilado menciones directas e indirectas que apuntan a Lulinha como posible beneficiario del entramado, aunque hasta el momento no ha sido formalmente imputado.
Según declaraciones recogidas durante la investigación, Lulinha habría sido señalado como presunto «socio oculto» de Antonio Camilo Antunes, apodado el «calvo del INSS», considerado por los investigadores como intermediario del esquema. Antunes estaría acusado de recibir recursos descontados indebidamente a pensionistas y de redistribuir parte de esos fondos entre funcionarios del organismo.
En una declaración ante la Policía Federal, Edson Claro, excolaborador de Antunes, afirmó que el hijo del mandatario habría recibido una supuesta «mensualidad» de 300.000 reales. Esa misma cifra aparece mencionada en intercambios de mensajes atribuidos a Antunes, en los que se alude a transferencias destinadas al «hijo del jefe».
La aprobación del levantamiento del secreto bancario permitirá a la comisión acceder a movimientos financieros, declaraciones de la renta y contratos de Lulinha, con el objetivo de verificar si existen ingresos compatibles con la cantidad mencionada.
El propio Lula ha intentado marcar distancia respecto a las acusaciones y ha declarado públicamente que, «si hay algo», su hijo «pagará el precio». Sin embargo, la oposición sostiene que el avance de la investigación pone en entredicho el discurso del Gobierno sobre la lucha contra la corrupción.
La polémica se amplía al entorno familiar del presidente. Frei Chico, hermano de Lula y presidente del Sindicato Nacional de Jubilados (Sindnapi), también ha sido objeto de críticas dentro de la comisión. Entre 2020 y 2024, las transferencias del INSS al sindicato aumentaron un 564%, un dato que ha alimentado las sospechas de irregularidades.
Aunque los partidos afines al Gobierno intentaron bloquear la votación agrupando los requerimientos en bloque, la oposición logró aprobar 87 solicitudes, incluidas las relativas a la investigación de Lulinha. La sesión terminó en medio de fuertes tensiones y enfrentamientos verbales entre diputados.
