La Cámara Baja de Colombia retomó el lunes la investigación al financiamiento de la campaña del actual presidente izquierdista del país, Gustavo Petro, señalado en meses previos por, presuntamente, haber recibido millones de pesos de manera irregular para incrementar sus opciones de triunfo en las elecciones del año pasado.
El proceso -abierto desde mediados de año- se había visto detenido tras las denuncias de improcedencia enarboladas por la bancada del oficialista Pacto Histórico, pero finalmente ha seguido su curso a través de la Comisión de Acusaciones que se encarga del mismo.
Dicha denuncia tiene su origen en las revelaciones sacadas del cruce de mensajes y audios por Whatsapp entre el antiguo embajador de Petro en Caracas, Armando Benedetti, y la exjefa de gabinete del mandatario, Laura Sarabia, quienes en medio de una disputa personal en junio dejaron entrever que el hoy titular del Ejecutivo colombiano fue beneficiario de una trama de financiamiento irregular durante la campaña, específicamente en la región costera del país.
Estos señalamientos también se han visto complementados por el escándalo generado por Day Vásquez, la exesposa del hijo de Petro, Nicolás, quien denunció en meses previos que su entonces cónyuge había recibido dinero proveniente de sectores del narcotráfico para apoyar la candidatura del actual mandatario colombiano. Nicolás Petro hoy es procesado por la Justicia de la nación hispanoamericana, tras ser señalado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los dos principales asuntos que se están dirimiendo al día de hoy en la comisión del Parlamento que ha decidido mantener en pie las indagaciones a Gustavo Petro son, por una parte, establecer si el presidente estaba al tanto de que este dinero estaba entrando en su comando de campaña y, por la otra, verificar si la suma que ingresó en el mismo terminó violentando la legislación electoral en referencia a los topes que ésta establece para hacer actividades de proselitismo.
Durante el desarrollo del caso la citada comisión parlamentaria ha solicitado a varios medios de comunicación del país pruebas que sustenten las denuncias de posible financiamiento irregular de la campaña de Petro. Entre ellos destaca el caso de Semana, la revista que obtuvo en exclusiva la filtración de las conversaciones telefónicas entre Benedetti y Sarabia, y a la cual se le han exigido explicaciones sobre la fuente que permitió tal revelación.
Del mismo modo, la Comisión de Acusación ha pedido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) información detallada sobre los estados financieros del presidente del país.
Otros entes del Estado a los que se les ha requerido información para ser incorporada al proceso de investigación son la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría del país.
Uno de los principales denunciantes del caso en la propia Cámara, el representante Christian Garcés (Centro Democrático), afirmó recientemente que todo indica que Petro de ser sometido a un «juicio político» en el Congreso, todo ello al haber incurrido en actos de «indignidad» y «mala conducta.
