El Congreso de Perú ha rechazado una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada del ministro de Trabajo, Alfondo Adrianzén.
La moción, propuesta por el partido Juntos por el Perú, ha obtenido 31 apoyos, a nueve de los necesarios para poder sentar al primer ministro frente al pleno de la Cámara. El objetivo era preguntar sobre la contratación de Carola Rodríguez como asesora en el Ministerio de Trabajo, informa el diario peruano ‘La República’.
Otárola defiende que no ha tenido nada que ver en esa contratación y asegura que «hace varios años» que no tiene contacto alguno con Rodríguez, a la que califica de «profesional destacada». Por su parte, Adriánzen afirma que este proceso «ya fue explicado» y que no recibió indicación alguna del primer ministro para contratarla.
A diferencia de Otárola, quien sí tendrá que comparecer ante el Congreso es el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, con motivo de la intervención policial en la Universidad de San Marcos, en el marco de unas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte que han dejado cerca de 60 muertos.
Quienes también podrían ser interpelados si prosperan las propuestas son el ministro de Educación, Óscar Becerra, por unas declaraciones racistas sobre las mujeres de la comunidad aimara, a las que comparó con animales y acusó de exponer a sus hijos frente a la violencia de las protestas que se viven desde hace semanas.
«Ni siquiera los animales exponen a sus hijos (…) ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres, yo creo que en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto», dijo.
Por otro lado, la derecha representada por Fuerza Popular y Renovación Popular presentaron este jueves una propuesta para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por los seis militares que murieron ahogados en Puno cuando huían de un grupo de manifestantes que les recibieron lanzándoles piedras.