La Corte Constitucional de Colombia ha dejado sin efecto la ley que dispone la creación de un ministerio de «Igualdad» en el país sudamericano alegando que su aprobación en el Congreso estuvo enmarcada en una serie de vicios.
Por ejemplo, el tribunal ha argumentado que la referida ley no ha tomado en cuenta los impactos fiscales que acarreará la creación del nuevo ministerio. Sin embargo, el mismo seguirá existiendo hasta el 2026, dado que la decisión judicial entrará en vigencia transcurridos dos períodos legislativos.
«Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico», se señaló.
Esta histórica decisión fue motivada inicialmente por la demanda de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien había insisto en los elevados costes derivados de la creación de esta cartera, la cual tildó en su momento de «pura burocracia».
Así, Valencia afirmó que el ministerio de Igualdad contemplaba el uso de «1,3 billones de pesos (unos 309 millones de euros), de los cuales 900.000 millones de pesos (unos 213 millones de euros) eran para repartir puestos y apenas 400.000 millones de pesos (unos 95 millones de euros) para la inversión que se necesita para los colombianos».
