El Gobierno de Javier Milei ha decidido no financiar la Marcha del Orgullo LGBT programada para noviembre, justificando la medida como una cuestión de responsabilidad fiscal. En un contexto donde más del 50% de la población argentina vive en la pobreza, Milei sostiene que los recursos públicos deben destinarse a necesidades urgentes como la seguridad, la salud y la educación.
El mandatario ha enfatizado que su administración no financiará lo que se considere un gasto innecesario, incluyendo la Marcha del Orgullo LGBT que se llevará a cabo el sábado 2 de noviembre. El gobierno arguye que esta decisión es un paso hacia la reducción del gasto estatal, alineándose con su promesa de priorizar recursos en áreas críticas, especialmente ante los desafíos económicos que enfrenta el país.
Milei sostiene que los fondos públicos deben ser utilizados en beneficio del bienestar general y no en lo que él denomina «caprichos ideológicos». Considera que eventos como la Marcha del Orgullo LGTB deberían ser financiados de forma privada, distanciando al Estado de la promoción de movimientos que, según su perspectiva, representan intereses políticos particulares y no el bienestar de la sociedad en su conjunto.
A pesar de que la Marcha del Orgullo LGBT busca celebrar la diversidad y la inclusión, Milei argumenta que esto no justifica el uso de recursos públicos para apoyar actividades que reflejan a una parte reducida de la población. La administración ha subrayado que, aunque la diversidad es un valor aceptado en Argentina, esto no implica que el Estado deba asumir el costo de tales eventos, especialmente cuando hay otras prioridades más urgentes.
En este sentido, Milei también critica el enfoque politizado que, según él, se ha dado a la Marcha del Orgullo en ocasiones anteriores, acusándola de tener una inclinación hacia la izquierda. Enfatiza que el movimiento LGBT, al igual que otros sectores, debería buscar sus propios recursos a través de la iniciativa privada.
