La justicia peruana declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y declaró vigente esta medida impuesta en el proceso que se le sigue por el presunto delito de rebelión y otros.
La decisión fue emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
Checkley señaló en su resolución que persiste el peligro de fuga de Castillo y que no existen nuevos elementos de convicción que justifiquen el cese de la medida, impuesta inicialmente por 18 meses y, luego, prolongada por el mismo plazo.
La Justicia ya había extendido el plazo
Cabe recordar que, en julio de este año, el Poder Judicial del país andino extendió el plazo de prisión preventiva contra Castillo a solicitud del Ministerio Público.
Al exmandatario, quien ya cumplía un plazo de 18 meses bajo esta medida, se le atribuyen los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, que acabó con su nefasto Gobierno izquierdista y tuvo como colofón una serie de violentas protestas, sobre todo en la capital y el sur andino, que dejó un saldo de varios muertos, entre civiles, policías y militares.
La petición de prolongar la prisión preventiva la presentó la Fiscalía el pasado 6 de junio, cuando se vencía una primera orden de 18 meses que comenzó el 7 de diciembre de 2022.
También cumple prisión preventiva por casos de corrupción
Aun si la petición hubiera prosperado, Castillo seguiría preso en el penal de Barbadillo –una pequeña cárcel dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía donde cumplió su condena el fallecido expresidente Alberto Fujimori y ahora también acoge al expresidente Alejandro Toledo, recientemente condenado a 20 años de prisión– porque sobre él también pesan 36 meses de prisión preventiva por otro caso de corrupción.
Y es que, en marzo del 2023, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de prisión preventiva contra el sindicalista izquierdista por ser el presunto líder de una organización criminal.
En dicha investigación, la Fiscalía había solicitado prisión preventiva contra los exministros de Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado, quienes ocuparon las carteras de Transporte y Vivienda, respectivamente.
A ellos se les atribuye la presunta comisión de diferentes delitos, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado.
