Dos días antes que fuera condenada injustamente la expresidenta boliviana Jeanine Añez, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), organismo perteneciente al Grupo de Puebla, ya lo había hecho. El miércoles 8 de Junio, dicho consejo emitió un comunicado infame con el objetivo de avalar las violaciones de derechos humanos perpetrados por el régimen de Luis Arce.
En el comunicado publicado en el portal del Grupo de Puebla, el CLAJUD expresó: “La justicia boliviana inició el juicio oral contra los autores de estos hechos con el objetivo de hacer conocer la verdad sobre los desafortunados acontecimientos del 2019, conforme a la Constitución Política del Estado boliviano y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Entre los integrantes del CLAJUD destacan el jurista español Baltazar Garzón, el también peninsular Enrique Santiago, político y abogado defensor de las FARC, el colombiano Ernesto Samper, abogado, economista y político, y Marco Enríquez Ominami, cineasta y político chileno, entre otros.
El CLAJUD repite la cantaleta marxista, según la cual, en el año 2019 no hubo un fraude sino un golpe de Estado, “con la interferencia de la OEA, bajo la dirección de su Secretario General Luis Almagro, una ruptura fuera de todo orden constitucional, que llevó al Estado Plurinacional a una crisis política, social, económica y de derechos humanos sin precedentes”.
El organismo intuía perfectamente que la comunidad reaccionaría frente a tamaño exabrupto contra Jeanine Áñez, y por eso se anticipó al expresar: “Este consejo manifiesta su preocupación ante los pronunciamientos de sectores que cuestionan la supuesta falta de independencia de la Justicia, aludiendo que se trataría de una venganza o incluso de un caso de persecución política, dejando en estado de indefensión a las múltiples víctimas”.
¡Pues claro que se trata de una persecución política, por supuesto que se trata de una venganza con el doble fin de ocultar el fraude, y claro que la Justicia boliviana está secuestrada por el oficialismo!
La condena de Jeanine Áñez tiene, además, el objetivo de castigarla para que nunca más alguien pretenda denunciar los fraudes electorales que comete el Foro de Sao Paulo. Una advertencia a todos aquellos que, como en Bolivia, se atrevan a conformar un Gobierno de transición cuando huyen o son destituidos los dictadores de América.
Pero por estos mismos motivos, las fuerzas democráticas de la región deben levantar al unísono la bandera de la libertad de la expresidenta boliviana y tomar las medidas necesarias –dentro del marco político, diplomático, económico y jurídico– para forzar al presidente Luis Arce a liberar a Jeanine.
En este sentido, no bastan –aunque sean buenos y necesarios– las protestas por la injusta condena y los pronunciamientos en pro de la libertad de Jeanine Áñez. Lo que urge es cercar al régimen boliviano para forzarlo a retroceder. De lo contrario, el continente entero pronto estará plagado de presos políticos, como ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
