El Grupo de Puebla se ha sumado a un grupo de organizaciones internacionales que respaldan la solicitud de la defensa del expresidente correísta Jorge Glas ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, con miras a que éste sea liberado.
La organización de izquierda se incorporó así bajo la figura del «amicus curiae» a un grupo de actores internacionales que participan en la audiencia judicial de apelación del recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Glas para pedir su excarcelación.
Glas fue detenido tras la irrupción de policías y militares ecuatorianos en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, tras mantenerse asilado en dicha sede diplomática desde el 17 de diciembre de 2023.
Dicha medida ha suscitado un amplio debate internacional a propósito de la legalidad y pertinencia de dichas acciones, en un contexto en el que el primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, ha aseverado no estar arrepentido de haber dado la orden de capturar a Glas; todo ello en vista de que el exvicepresidente se encontraba condenado por la Justicia local en el momento de su aprehensión.
El exfuncionario, que fungió como segundo a bordo en los Ejecutivos de Rafael Correa y Lenín Moreno, posee actualmente dos sentencias en firme: una de seis años de prisión emitida en 2019 por el caso Odebrecht, por asociación ilícita y otra que lo sentencia a ocho años de cárcel por el llamado caso «sobornos 2012-2016», en donde se le condenó por cohecho agravado.
En enero de 2023 la Justicia acogió una solicitud de unificación de ambas penas, quedando la condena total en ocho años.
La victimización
Sin embargo, todo este tiempo tanto Glas como sus apoyos internos y externos han aludido la tesis tanta veces empleada por la izquierda regional: la del «lawfare». Con ello los defensores del antiguo dirigente del correísmo pretenden hacer ver que el mismo es objeto de una despiadada persecución disfrazada de aplicación de mecanismos de justicia.
En este sentido uno de los coordinadores del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, dijo el martes que en el caso de Glas han estado ausente el debido proceso, afirmando incluso que actualmente su vida corre peligro.
La defensa de altos funcionarios de la izquierda iberoamericana que han sido condenados por la justicia de sus países se ha convertido en una de las tareas esenciales acometidas por esta organización en los últimos años. Basta ver el papel que el Grupo de Puebla desempeñó en marzo de 2023, cuando incluso organizó un evento en Buenos Aires para defender a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner de un supuesto «acoso judicial».
Del mismo modo, a comienzos de este año, la organización que aglutina a líderes de la «izquierda progresista» mundial, ejerció una activa defensa del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, en el marco de los señalamientos hechos en su contra por presunto el presunto financiamiento ilegal de su campaña en 2022. Respecto al caso del mandatario del país caribeño, el Grupo de Puebla ha afirmado que este es el centro de una campaña de «judicialización de la política», o lo que es lo mismo, de «lawfare».
