El caso de Nicolás, el hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, ha dado unos giros inesperados en cuestión de horas. Tras ser detenido el fin de semana y declararse inocente de las acusaciones en su contra, el también diputado por el Pacto Histórico viró hacia una actitud de colaboración con las autoridades, dejando entrever que está dispuesto a aportar información relevante sobre la presunta trama de blanqueo de capitales y financiación ilegal de campaña de la que se dice forma parte y en la que podrían salir a relucir más nombres en los próximos días.
«Mi defendido ha decidido iniciar un proceso de colaboración con la administración de justicia para ayudar en el esclarecimiento de nuevos hechos y el involucramiento de otras personas que no son conocidos por el ente instructor y en ese camino ayudaremos a la administración de justicia», anticipó el abogado de Nicolás Petro, David Teleki, de acuerdo a un reporte de la revista Semana.
La declaración de Teleki fue ratificada posteriormente por el propio hijo del mandatario colombiano, quien afirmó que pronto «se referirá a nuevos hechos» en el marco de su disposición a cooperar, que fundamentalmente está motivada «por su familia» y por su «bebé que viene en camino».
Este jueves Nicolás Petro ha admitido ante funcionarios de Fiscalía que su padre tenía conocimiento del financiamiento irregular que entró en la campaña presidencial el año pasado.
En la audiencia judicial Nicolás Petro especificó que sí recibió dinero de Samuel Santander Lopesierra (alias «Hombre Marlboro»), de un empresario conocido como el turco Hilsaca y de Óscar Camacho. Parte de ese dinero fue usado por él y por su expareja Day Vásquez y otro tanto del mismo se destinó a la campaña de Gustavo Petro, sin que esto fuese legalmente respaldado. De allí que podrían abrirse otras investigaciones sobre la posible violación de normativas referentes a los topes máximos de campaña del entonces candidato.
En este sentido la Fiscalía ha pedido que el hijo del presidente colombiano sea objeto de detención domiciliaria de manera preventiva mientras transcurre el juicio, mientras que en el caso de Day Vásquez se solicitó una medida no privativa de libertad, con algunas condiciones de por medio.
Del mismo modo, durante la audiencia del jueves la Fiscalía recordó a Petro Burgos que, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, podría terminar siendo condenado a entre 10 y 30 años de cárcel.
Nicolás Petro también acordó con la Fiscalía el renunciar inmediatamente a su puesto como diputado a la Asamblea del departamento del Atlántico y a cualquier otra actividad política, así como a consignar información y pruebas sobre todas las revelaciones que ha venido haciendo.
