El juez brasileño Alexandre de Moraes, ejecutor de la persecución contra el «bonsonarismo», pidió el pasado mes de julio a la red social X las identidades de 12 usuarios críticos con el Gobierno de Lula da Silva.
Antes ordenó una licitación para contratar a una empresa para monitorizar las redes sociales en busca de usuarios que insulten al Gobierno de Lula y al propio Supremo Tribunal Federal (STF).
Desde Brasil, los aliados del expresidente Jair Bolsonaro alertan de la expansión del autoritarismo y critican las acciones represivas de Alexandre de Moraes (y todo el Gobierno de Lula), incluyendo la censura en redes sociales y la persecución por motivos políticos.
En las últimas fechas ha salido a una luz una investigación una compleja red de maniobras jurídicas y políticas que utilizó el Tribunal Superior Electoral (TSE) para perseguir a aliados del expresidente Jair Bolsonaro y a críticos del Supremo.
Las denuncias detallan cómo De Moraes y sus asesores condujo investigaciones informales y produjo informes manipulados que sirvieron como base para algunas decisiones judiciales, una revelación que lanza otra sombra más sobre las instituciones brasileñas.
Las denuncias no sólo cuestionan la integridad de las decisiones judiciales en el ámbito del STF, sino que también levantan serias dudas sobre la actuación del TSE durante el proceso electoral de 2022.
