La campaña presidencial en Colombia ha logrado superar todas las barreras éticas y jurídicas. Ya no se trata únicamente de la comprobada estrategia del candidato Gustavo Petro de sembrar rumores en contra de su contendor, de su esposa expresando que las mujeres periodistas terminan casadas con los dueños de los medios y a todas, por eso, les va bien, o de buscar un acuerdo con los criminales en las cárceles y con los carteles del narcotráfico para buscar un camino hacia un «perdón social». Ahora, además, logran que el Tribunal Superior de Bogotá ordene que se lleve a cabo un debate entre los candidatos presidenciales, alegando que el no hacerlo vulnera los derechos de la ciudadanía. Importantes constitucionalistas ya han reaccionado en contra de la decisión del Tribunal.
Algo pasa con el sistema de administración de justicia en Colombia, ese que la semana pasada había ordenado el arresto del jefe del Estado desconociendo que goza de fuero especial. Si hay sectores en la rama judicial que han decidido asumir el “constitucionalismo aspiracional” como punto de partida para poder interpretar a su antojo la carta política, el día que compartan una misma línea con el Ejecutivo, habrá llegado a su fin la separación de poderes. No en vano el Pacto Histórico insiste en que de no ganar las elecciones recurrirá a los jueces. ¿A esos que le exigen a su contendor asistir a un debate a pesar de que en la primera vuelta el jefe máximo del Pacto Histórico se negó a ello?
Como si fuera poco, ya se ha filtrado información sobre la “operación tortuga” que estaría organizando el petrismo con el fin de congestionar las vías cercanas a puestos de votación en los que Hernández hoy podría tener mayoría. Al decir de todo lo que se ha conocido en el marco del escándalo de los «petrovideos» que revelaron el entramado de mentiras, rumores, exageraciones y ataques directos por parte del Pacto Histórico en contra de otras fuerzas políticas. Es muy probable que el domingo la política del «todo vale» haga estragos en Colombia. El grupo conocido como «primera línea», la hija de Gustavo Petro y algunas organizaciones indígenas, entre otros, ya han advertido al país que, si el Pacto Histórico es derrotado en las urnas, las consecuencias se vivirán en las calles.
Lo hicieron en 2018, cuando lograron presionar al presidente Duque, a través de protestas violentas y bloqueos, para aumentar el presupuesto de la educación superior estatal, sin que ello implicara una reforma a los estatutos universitarios que garantizaran mayor transparencia y libertad. Lo hicieron también cuando presionaron por incrementos al salario mínimo por encima de la inflación y de la productividad bajo amenaza de masivas movilizaciones. Lo hicieron de nuevo en mayo de 2021 cuando no permitieron que el Congreso rechazara una reforma tributaria, pues tenían que hacerlo en la calle. Retirada la iniciativa, encontraron otras razones para prolongar el que declararon como «paro nacional» y que tuvo al país en jaque durante varios meses.
Mientras tanto, el ingeniero Rodolfo Hernández, sin haber hecho alianzas con partidos políticos, sin aceptar ningún tipo de acuerdo programático, está recibiendo todo tipo de ataques, incluso han llegado al absurdo en columnas de opinión, una de las cuales tuvo que ser retirada porque transgredió todo límite ético al sugerir que la hija de Hernández no habría sido asesinada, sino que estuvo en una institución para pacientes psiquiátricos. Los seguidores de Petro están dispuestos a todo con tal de desprestigiar a su contrincante.
Algunos analistas han revisado el programa de gobierno del Pacto Histórico y encuentran que es imposible de financiar, frenaría el crecimiento económico y dejaría a Colombia en una situación muy difícil, con un dólar cercano a los 7.000 mil pesos (hoy un dólar equivale a aproximadamente 3800 pesos colombianos). Petro insiste en aumentar las pensiones todos los años el mismo porcentaje que se decrete como incremento del salario mínimo, que se implemente un programa de empleo público garantizado, se controlen los precios de insumos agropecuarios, se amplíe la burocracia gubernamental y se reforme el exitoso sistema de seguridad social que tiene Colombia para que sea 100% público y estatal.
Hernández ha llevado su discurso y programa a reducir el gasto público innecesario, suprimir miles de cargos en el Gobierno y acabar con la corrupción por la vía de «controlar la chequera», esa que, insiste, sabe manejar muy bien por ser un empresario exitoso.
Además, insiste en que no puede haber un cambio si se está rodeado de «los politiqueros de siempre» como hoy lo está Petro de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, o del otrora hombre fuerte del Gobierno de Juan Manuel Santos, Alfonso Prada. El domingo a las seis de la tarde se sabrá quién es el nuevo presidente de los colombianos, pero, pase lo que pase, la política colombiana perdió. El debate se redujo a los peores ataques personales, al populismo y a la polarización.
