El régimen de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal representación de la patronal empresarial en el país centroamericano, alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo.
La medida afecta a Cosep y a todas las cámaras que forman parte de esta organización, que ya estaba en el punto de mira de Daniel Ortega. De hecho, varios de sus responsables formaban parte del grupo de presos políticos desterrados en febrero a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.
El Ministerio de Gobernación ha alegado que las organizaciones «no han completado un proceso de convalidación de registro», en aplicación de una controvertida ley que limita la actividad de las ONG en Nicaragua y que ya ha servido como instrumento para el cierre de cientos de organizaciones.
Este tipo de medidas han aumentado a raíz de las protestas opositoras de 2018 y del proceso electoral de 2020, cuando decenas de disidentes fueron encarcelados. La semana pasada, un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de perpetrar abusos equiparables a crímenes contra la humanidad.
