El régimen de Nicaragua ha dado nuevamente luz verde a una reforma constitucional, en este caso destinada a castigar a funcionarios que incurran en «mala administración» de recursos públicos, una medida que esconde la intención de purgar a integrantes del aparato estatal que sean considerados sospechosos de disentir de la tiranía sandinista.

La medida, que es la cuarta reforma constitucional aprobada por el régimen desde finales de 2024, contó con el voto favorable de la Asamblea Nacional del país centroamericano.

En concreto, se introducen modificaciones en el artículo 118 de la Carta Magna nicaragüense, para establecer sanciones penales a quien incurra en irregularidades administrativas, todo ello en aras de «la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado».