El castigo a los crímenes cometidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) -tras llegar al poder por la vía armada en 1979- es una asignatura pendiente en Nicaragua, que viene arrastrando dolor e impunidad por más de cuatro décadas, delitos que muchos buscan ignorar en un intento de blanquear los rostros de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, que hoy hacen «oposición» al dictador Daniel Ortega, su excompañero de armas y fechorías.
Durante más de 43 años de presencia del sandinismo, 27 de ellos en el poder, y 16 en la oposición gobernando «desde abajo», el sandinismo ha significado destrucción y muerte durante las dos dictaduras que ha instaurado.
Dicha corriente política de izquierda llegó al poder vendiendo la idea de un cambio y mejoría en 1979, y se convirtió en una gran pesadilla para los nicaragüenses. La llegada de los guerrilleros significó exilio, fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales, ajusticiamientos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, torturas y robos de las riquezas de personas vinculadas al régimen de Anastasio Somoza y de empresarios.
Para muchos guerrilleros, la participación en acciones armadas significó poder político y la vía de acceso a ingresos económicos que les permite vivir bien. Otros se han convertido hasta en grandes empresarios. Entre ellos algunos de los nueve «comandantes de la revolución», entre los que figuran Daniel Ortega y su hermano Humberto, exjefe del Ejército.
Instauraron el socialismo por la fuerza, y con ello vino el control y la persecución que derivó en una nueva guerra y la instauración del servicio militar obligatorio en el que miles de jóvenes murieron en las montañas.
No hay una cifra oficial de los muertos por los dos conflictos bélicos. Extraoficialmente se conoce que los muertos durante la guerra para derrocar a Anastasio Somoza dejaron un promedio de 50.000 fallecidos, y la contienda contra la dictadura socialista (1979 a 1990), habría dejado entre 32.000 y 50.000 muertos.
La revista Envío de la Universidad Centroamericana (UCA), indica que la guerra que asoló Nicaragua durante de la década de los 80 dejó más de 150,000 víctimas entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos. Mientras la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), registra más de 14,000 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el primer régimen sandinista, esos crímenes permanecen impunes.
En 1990 el sandinismo perdió el poder. Daniel Ortega y Sergio Ramírez Mercado buscaban la reelección. Tras esa derrota, el sandinismo legisló para aprobar leyes de amnistía a su favor por los crímenes cometidos y para legitimar el mega robo de miles de bienes inmuebles y empresas, que los contribuyentes han tenido que pagar a sus legítimos dueños por un monto superior a los 1.300 millones de dólares.
En enero de 2007 el FSLN retornó a la presidencia con Ortega, gracias a componendas políticas y a la división del liberalismo. Desde entonces el caudillo sandinista permanece atornillado en el poder. En 2018 los nicaragüenses cansados de las políticas del régimen sandinista se lanzaron a las calles a protestar, exigiendo la salida de Ortega del poder. La respuesta fue represión a sangre y fuego, con crímenes atroces al ojo público. Más de 350 personas fueron asesinadas, se produjeron más de 2.000 heridos, y miles se encuentran en el exilio.
A partir de 2018 Ortega ha desmantelado la oposición en Nicaragua a través de la represión y persigue a la Iglesia católica desde entonces. Al menos cinco sacerdotes todavía permanecen en la cárcel, entre ellos el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez. Otro grupo de religiosos fue liberado en febrero.
Cinco años después del estallido social, la oposición no ha logrado aglutinarse en un solo bloque. La causa principal de esto es la presencia dentro de ella de exfuncionarios y excomandantes de la llamada «revolución» señalados de crímenes y robos.
El sector de oposición a Ortega agrupado en la llamada iniciativa «Monteverde» sólo pide justicia para los crímenes de la segunda dictadura sandinista, debido a que algunos de sus integrantes provienen del FSLN, y de oenegés vinculadas al sandinismo y a la izquierda.
Algunos de los integrantes de «Monteverde» piden justicia solo para los crímenes a partir de 2018, y no se habla de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de los 80.
La defensa de la oposición sandinista
«Voy a decir algo que poca gente sabe de Luis Carrión y de otros que están en el MRS (Movimiento Renovador Sandinista). Ellos firmaron un documento en que están dispuestos a que cualquier organismo los investigue en todo su actuar durante los años 80’ y que, si tienen que pagar culpas por eso, lo pagan, y está firmado. No es un asunto ni siquiera solo de boca, sino que es un asunto firmado», dijo Eliseo Núñez, uno de los organizadores de la iniciativa Monteverde, al medio La Mesa Redonda.
Es la primera vez que se habla de una carta que no ha sido publicada. Otros han manifestado que el cuestionamiento a los señalados de violaciones a los derechos humanos, es un tema «secundario».
«Creo que hay algo que se llama prioridades y si las prioridades de los actores que están en los espacios es la salida democrática a través de la construcción de una hoja de ruta hacia esa transición, esas son cosas secundarias», dijo Alexa Zamora, miembro de la Unidad Azul y Blanco (UNAB, que aglutina a organizaciones vinculadas al sandinismo disidente), a 100% Noticias, tras ser consultada sobre las críticas y señalamientos a integrantes del MRS por su participación en los crímenes cometidos cuando eran parte del FSLN y gobierno junto a Daniel Ortega.
Consultado sobre el tema, Jaime Ramón Ampie, expreso político y activista de derechos humanos con enfoque cristiano que defiende la vida desde la concepción, dijo que hay una estrategia que involucra a medios de comunicación que buscan hacer creer a los nicaragüenses que una parte del sandinismo que gobernó con Ortega «es bueno» con el propósito de que esa corriente política continúe en el poder tras la salida de Ortega.
«El sandinismo no ha dejado nada bueno para Nicaragua y hay que recordar que los que entronizan a Daniel Ortega como caudillo y dirigente de la dirección nacional del FSLN, son los que ahora se autodenominan los sandinistas de verdad», dijo Ampie.
Muchos añoran el retorno de la dictadura de los 80, otros creen que Ortega fue un buen «dirigente» hasta 2018 y para ellos no cuentan los crímenes y masacre como La Penca y la Navidad Roja.
«Miles de personas fueron sentenciadas a penas injustas durante el primer régimen sandinista por una persona que se autodenomina como defensora de derechos humanos. Los jóvenes quizás no saben que Vilma Núñez dirigió los Tribunales Populares Antisomocistas donde muchos inocentes fueron condenados a años de cárcel, perdieron sus propiedades y otros fueron asesinados. Es lo que tratan de ocultar y creo que aquí tienen responsabilidad y que deben enfrentar a la justicia», afirmó el expreso político.
«Es lamentable, doloroso y frustrante ver cómo muchos líderes autodenominados azul y blanco y andan blanqueando al sandinismo. Es un comportamiento cómplice de los criminales de lesa humanidad, porque ir al ir a sentarse con Luis Carrión (ex viceministro del Interior, fundador de la tenebrosa Seguridad del Estado y del MRS) y otros señalados de crímenes, se les están dando un espaldarazo».
Las señales indican que la impunidad seguiría para los crímenes de los años 80, tras la caída del tirano sandinista Daniel Ortega. Para el activista ese espaldarazo podría seguir teniendo consecuencias para lograr restaurar la democracia y la justicia a la que deben tener acceso las víctimas de la década de los 80 y las de 2018. Cree que no debe haber trato diferenciado cuando se trata de vidas y de respeto a los derechos humanos.
