Un caso de presunta violación ha sacudido al Ecuador, pues el acusado es nada menos que legislador. No obstante, las agrupaciones que supuestamente deberían indignarse se han mantenido en silencio, pues el acusado es un aliado político de las mismas. Se trata de Peter Calo, un parlamentario del partido Pachakutik, hoy parte de la amalgama de fragmentación social, indigenista, feminista y “anticolonial”.
Y es que la humanidad está ante la cuarta ola del feminismo: el interseccional. Desprende al ser humano no solo de sus raíces, sanguíneas y culturales, y además nos enfrenta a unos contra otros. Pone al blanco contra el indígena en el sur, al blanco con el negro en el norte, al hombre contra la mujer, al homosexual contra el heterosexual, al transgénero contra el cisgénero.
Ante todo desaparece al individuo como sujeto jurídico en pos de colectivos que se disputan el victimismo como escala de puntaje social y ante todo jurídico. De manera que las personas son juzgadas no por sus actos sino por su pertenencia a una agrupación social por su sexo, etnia e incluso orientación sexual.
La presunción de inocencia está en riesgo en cuanto ya no se aborda cada caso de forma individual, sino según el grado de opresión o “privilegio” del acusado. En el caso de “Peter” Calo, al ser parte de la agrupación indigenista, no es juzgado como un “macho opresor” sino como miembro de una población vulnerable y por ende cuenta con privilegios ante la ley.
Según la Fiscalía, Calo fue capturado en flagrancia, lo cual demostraría su culpabilidad. No obstante, la juez (una mujer), permitió que no fuese detenido sino que transita en libertad condicional: con un grillete en el tobillo.
La politización fue inmediata. Las fuerzas leales al socialista Rafael Correa acusan que se trata de un complot para silenciar a Calo por su voto en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Al momento hay un pedido parlamentario para destituir al mandatario ecuatoriano. Desde la bancada correísta, UNES, protagonizan el clamor y tienen aliados en diversos partidos, incluyendo Pachakutik.
No obstante, la agrupación engloba voces diversas. Incluso en junio del 2022 una de sus parlamentarias acusa haber sido víctima de un intento de asesinato por no votar a favor del anterior intento de destituir a Lasso. La asambleísta Gissella Molina dejó en claro que ella, al ser montuvia (etnia de la costa ecuatoriana), no está sujeta a la justicia indígena.
Fue embestida por un coche, lo cual la obligó a portar cuello ortopédico. Entre los responsables de aquellos hechos señaló al asesor de Peter Calo. Incluso el entonces jefe de bancada acusó amenazas contra su familia para garantizar su voto a favor de la destitución. Reprochó que estas actitudes mafiosas no tenían fundamento y destacó que él iba a votar favorablemente a esa causa de todos modos.
En ese momento fue crucial el voto del Partido Social Cristiano (PSC) para evitar la destitución de Lasso. Sin embargo, ahora que el cuñado del mandatario está envuelto en un caso de corrupción, el PSC apoyó el juicio político contra Lasso por omisión. Pero no adhirió a las acusaciones de traición a la patria que acusa la bancada correísta.
Y es que antes de ser parlamentario de Pachakutik, Calo era candidato de Correa. Además, portaba otro nombre. En verdad se llama Diego Calo. Al igual que el aspirante a la presidencia de Ecuador, “Yaku” Pérez, que significa agua en quichua, adoptó un nombre ajeno a la cultura hispana para capitalizarlo políticamente.
Esto, a su vez, refleja un problema social cada vez más recurrente: la fragmentación de la identidad hispana. Pues en lugar de tener nombres castizos, optan por nombres anglosajones y prehispánicos. Sucede en todas las esferas sociales. De hecho, ya es sinónimo de lumpen llamarse “Bryan”. Pues retrata una generación entera criada por la televisión extranjera, sin referentes culturales, ni se diga de virtud, como solía ser la costumbre al llevar el nombre del santo del día. Pero el caso de “Yaku” y “Peter” dan un paso más allá. Reniegan del nombre otorgado por sus padres como instrumento político de “cambio social”.
Entonces ya no es importante quién cometió un delito, quién es la víctima ni quién es el agresor, sino cual es el mensaje que se transmite a favor de su discurso. No obstante, está llegando a tal radicalidad que empieza a aumentar el rechazo de la sociedad civil.
A raíz de las acusaciones contra Calo quedó tan al descubierto el silencio feminista que se evidenció que campañas como las del “Yo te creo, hermana” solo aplican cuando el acusado no es su aliado. Además, demostró que su lucha no es por y para las mujeres, sino a favor de una agenda. En países como España eso se demostró con la conocida ley del “solo sí es sí” que ha liberado y/o reducido la pena de alrededor de 1000 depredadores sexuales, mientras paradójicamente negó la presunción de inocencia a incontables varones.
De manera que leyes e iniciativas como esta demuestran no ayudar a las mujeres sino dejarlas a merced de delincuentes, mientras a los hombres dañan tanto o más. Pues basta el testimonio de la mujer para encerrarlos. Paralelamente, delincuentes demostrados quedan en libertad. Todo esto muestra cómo la justicia “con perspectiva de género” sólo promueve la injusticia.
