El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ha solicitado información a la Contraloría General para examinar el amparo solicitado por la dirigente opositora María Corina Machado en relación a su inhabilitación política, que le impediría a día de hoy presentarse a las elecciones presidenciales, previstas para finales de 2024.
Machado, supuestamente inhabilitada por el chavismo para ostentar cargos públicos durante 15 años, acudió el pasado viernes al Supremo para iniciar un proceso de revisión que previamente había sido pactado entre los representantes del régimen venezolano y de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, en el marco del diálogo para tratar de pactar garantías electorales.
La máxima instancia judicial venezolana, a través de su Sala Político Administrativa, ha dado a la Contraloría un plazo de tres días a contar desde la publicación de la solicitud, el 19 de diciembre, para facilitar «los antecedentes administrativos del caso, con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos mediante el cual le fue impuesta la sanción de inhabilitación política a la ciudadana María Corina Machado Parisca».
Sobre Machado pesa una orden de inhabilitación dictada en junio por la Contraloría General a raíz de la petición de un diputado chavista y fundamentada, entre otras razones, en presuntas irregularidades de tipo administrativo y en su respaldo a las sanciones adoptadas sobre Venezuela.