En medio del avance autoritario de los tribunales que Brasil ha enfrentado en los últimos años, dos temas se han destacado recientemente no sólo por su importancia intrínseca, sino también por la manera en que fueron abordados por el Supremo Tribunal Federal (STF): el aborto y la demarcación de tierras indígenas.
Comenzando por el debate sobre el Marco Temporal para las tierras indígenas, si las zonas destinadas a los pueblos indígenas brasileños se contabilizaran como un país, ocuparían casi 1,20 millones de kilómetros cuadrados, o sea el 13% del territorio brasileño. En términos comparativos, es un área mayor que Francia y Alemania juntas, países que, en suma, tienen una población de 150 millones de habitantes. En Brasil, estas vastas tierras están destinadas a menos de 680 mil indios, según informa la Revista Oeste. Aún así, el STF falló neuve a dos a favor de permitir que nuevas tierras vayan a manos de pueblos indígenas más allá de los criterios de 1988.
Ante estas cifras, congresistas como Carol de Toni y Bia Kicis expresaron su preocupación por los impactos económicos y sociales de tal demarcación. De Toni mencionó los «impactos irreversibles en la economía, especialmente para los estados productores». Bia Kicis, por su parte, declaró que «el derecho a la propiedad es sagrado». Zequinha Marinho, también defensora de la propiedad, advirtió sobre el exceso de tierras ya asignadas a los pueblos indígenas.
Los ministros del STF, sin embargo, presentaron argumentos basados en principios de la Constitución. Fachin postuló que la propiedad indígena no es comparable a la propiedad civil, destacando que «los derechos de las comunidades indígenas consisten en derechos fundamentales». Barroso, al hablar del calendario, subrayó que la ocupación tradicional se puede evidenciar «por la persistencia de la demanda de permanencia en la zona».
En el debate sobre el aborto, es clara la división de opiniones en el Congreso y en la sociedad. Eduardo Girão, Plínio Valério y Chris Tonietto han sido voces fuertes a favor de la vida. Tonietto destacó que «la vida comienza en la concepción», visión compartida por muchos brasileños. Para Girão y Valério, el aborto representa una grave violación de los derechos humanos. Por otro lado, Humberto Costa sostuvo que el aborto es un tema de salud pública, señalando las complicaciones que se derivan de los abortos clandestinos.
Sin embargo, la decisión de la ministra del STF Rosa Weber sobre el aborto plantea una cuestión central. En su voto, afirmó que la criminalización vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a la salud. Independientemente de la validez de tales argumentos, surge una reflexión: ¿esta decisión no debería provenir del Congreso, institución que representa directamente la voluntad popular?
La suma de estos debates resalta la creciente injerencia del Tribunal en asuntos que tradicionalmente son competencia del Congreso Nacional. Este patrón sugiere una usurpación de poderes cada vez más clara y nos lleva a reflexionar sobre la falta de equilibrio entre los tres poderes en la democracia brasileña. Y cómo el Tribunal Supremo brasileño se muestra cada vez más como un fiel representante del Partido de los Trabajadores, y no como un guardián de la Constitución.
Al final, es crucial resaltar el peligro que representa que el STF asuma funciones que tradicionalmente pertenecen al Congreso. Cualquiera que sea su opinión sobre el aborto o la demarcación de tierras indígenas, es esencial reconocer la importancia de mantener los poderes en el lugar que les corresponde para la salud de la democracia brasileña.
La propiedad privada y la valoración de la vida son pilares esenciales de esta reflexión, y desviarse de ellos podría poner en riesgo el tejido mismo de nuestra sociedad. Así como lo es la división de poderes en una democracia que respeta el Estado de derecho.
