Una horda de simpatizantes del presidente socialista de Colombia, Gustavo Petro, asaltó el Palacio de Justicia esta semana con el propósito de presionar a los magistrados de la Corte Suprema para que eligieran un fiscal afín al Gobierno. Luego de horas de asedio, de agresiones contra la prensa y contra algunos funcionarios de la Corte, los magistrados tuvieron que escapar en un helicóptero.
En los próximos días vence el cargo del actual fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien en el último año fue el gran adversario de Gustavo Petro. Barbosa lideró las grandes investigaciones sobre corrupción, financiamiento ilegal y narcotráfico que hoy pesan sobre el presidente. Su sucesor es propuesto por el presidente, pero debe contar con la aprobación de la Corte Suprema, que por ahora se niega a escoger algunos de los tres nombres planteados por Petro.
Por supuesto, Petro espera a que el próximo fiscal —o la próxima, porque todas sus propuestas son mujeres afines— suspenda las investigaciones contra él y su campaña. Y, para ello, ante la reticencia de los magistrados de la Corte Suprema de claudicar y someterse, alentó a que una horda de simpatizantes acosara la votación de este jueves 8 de febrero.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra Castro, denunció el «bloqueo violento e ilegal» del Palacio. Dijo que el asedio «pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país».
«Condenamos el bloqueo violento al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya dependencia, autonomía e imparcialidad debe ser promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos», dijo.
Luego, Chaverra Castro advirtió: «La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un estado de Derecho como el colombiano, la función judicial está sometida al imperio de la ley».
Por la denuncia del presidente de la Corte, en Colombia se empezó a hablar de un golpe de Estado en curso. Y no es para menos. Alentar hordas para instigar a las instituciones, con el fin de someterlas, no está lejos de la noción de motín contra el propio Estado. Muy peligroso.
Hubo un detalle significativo: los manifestantes afines a Petro ondeaban la bandera del grupo terrorista M-19, donde años atrás militó el presidente. La paradoja aterradora es que la última vez que el M-19 pisó la plaza frente a la Corte Suprema de Justicia fue hace casi 40 años, en noviembre de 1985, cuando los terroristas irrumpieron en el Palacio para ejecutar el atentado más cruento de la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985 dejó un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados.
Es inevitable, también, comparar este modo de operar con los primeros pasos del chavismo. Hugo Chávez recurrió a grupos de choque, paramilitares, denominados colectivos bolivarianos, para intimidar, acosar y someter a la sociedad. Armados por el mismo Estado, los colectivos se convirtieron en el brazo criminal y ejecutor del régimen de Hugo Chávez.
Entonces, el asedio al Palacio de Justicia de este 8 de febrero podría ser un primer asomo de la inminente agudización de la naturaleza gangsteril del Gobierno de Gustavo Petro. Al no poder domar al resto de instituciones, Petro podría acudir a la repartición del país a grupos criminales, como lo hizo primero Chávez y luego Maduro en Venezuela. Si sigue por este camino, pinta mal el futuro de Colombia.
